El estado de emergencia se expande lentamente por Lima como una mancha de aceite. A la inicial declaración de San Juna de Lurigancho y San Martín de Porres además de Sullana en el norte del país, se han sumado el Cercado de Lima y Lince.
Esta ampliación del espacio del estado de emergencia no es más que la demostración de que estamos ante una medida improvisada y efectista. La delincuencia organizada, el sicariato y la extorsión que se ha enseñoreado en buena parte del país, difícilmente se va a controlar pidiendo el DNI en los autobuses o con rondas militares y policiales sin el respaldo de un trabajo previo de inteligencia.
Es evidente que en esta materia venimos dando palos de ciego. Si no partimos por elevar el nivel de la policía, retomar con seriedad el trabajo de inteligencia, invertir en mejorar sus condiciones laborales, los pertrechos y la capacitación, seguiremos sin ver luz al final del túnel.
A los emprendedores que tienen restaurantes o centros de entretenimiento y que son víctimas del crimen organizado a través de la extorsión y el chantaje, ahora para protegerlos, se les castiga impidiéndoles trabajar. Es decir, el Estado se declara incapaz de controlar la situación y como medida de protección atenta contra las libertades más elementales.
Cuando hace unas semanas ante la situación de crisis de la seguridad como no la habíamos visto antes se empezó a hablar de aplicar un plan Bukele tomando el ejemplo del presidente de El Salvador. Entonces el primer ministro en un arranque de creatividad chicha lanzó el plan Boluarte. Sólo un nombre, una etiqueta, humo vano.
Nuestro problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Estamos ante un país con metástasis de incompetencia y corrupción. Que nos vendan la idea de que con el estado de emergencia se va a avanzar en la lucha contra el crimen, planteándolo así de a pocos, a tientas, es una tomadura de pelo.
Para empezar, tenemos un déficit en materia carcelaria realmente alarmante. Un buen primer paso sería la construcción de cárceles y también buscar mecanismos de agilizar la administración de justicia para que tantos presos sin sentencia conozcan finalmente su destino final y muchos obtengan la libertad descongestionando los penales.
Pero nada de lo planteado es posible sin la existencia de un liderazgo real. Lamentablemente ni la presidente Boluarte, ni el primer ministro ni mucho menos el ministro del interior, tienen ese liderazgo. Esta situación genera un desánimo en la población. A esto hay que sumar la equivocada idea de que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los alcaldes. Nada más falso.
Los alcaldes con sus cuerpos de serenazgo apenas pueden ejercer un función preventiva y fiscalizadora de delitos menores. Pero en este momento enfrentamos organizaciones criminales internacionales.
Es tiempo que el gobierno deje de timbear con la seguridad del país y asuma el liderazgo que en esta materia le compete. El estado de emergencia terminará en unas semanas y volveremos a mirarnos las caras y nos preguntaremos qué hacer.
(*) Analista politico
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