Lo acontecido con la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, donde dos mujeres tras burlar el cerco policial la agredieron, debe llevarnos a reflexionar sobre la figura presidencial.
La Constitución de 1993, nacida tras el golpe de Estado de 1992, concentró demasiado poder en el presidente, generando un desequilibrio profundo a la salud democrática.
Aunque luego se modificaron varios artículos de la Constitución para restarle poder al presidente, aún persisten desafíos por enfrentar. Por ejemplo, el esquema de disolución parlamentaria no puede hacer cesar el mandato del presidente – que es jefe de Estado y jefe de Gobierno a la vez – si es que no es a través de un juicio político o a través de una vacancia, generando además una seria crisis política.
Esta crisis política generó en los últimos nueve años una lucha constante entre el Legislativo y el Ejecutivo, que originó un descuido en temas importantes para la ciudadanía, tales como los altos índices de inseguridad, la persistencia de la corrupción y una creciente crisis de institucionalidad que ha minado la confianza ciudadana.
Pese a esta realidad, la democracia peruana, precaria en muchos aspectos durante estos años, demostró una resiliencia notoria. La instalación de un nuevo gobierno cada cinco años, se presenta como una oportunidad de mejora.
Además de la urgencia de una gestión eficiente, se requieren reformas sustantivas para abordar las raíces de los problemas. La desburocratización de la administración pública emerge como una necesidad apremiante, así como una revisión integral del proceso de descentralización. Estas reformas deben buscar consensos sólidos para llevar a cabo una revisión racional de la Constitución vigente, adaptándola a las necesidades cambiantes de la sociedad peruana.
La denominación del presidente como “jefe de Estado y personificación de la nación” es un aspecto que merece atención. Es esencial reconocer al presidente como un líder del Ejecutivo, sin atribuirle una personificación total de la nación, manteniendo así un respeto crucial por los equilibrios inherentes a una democracia sólida.
En cuanto al Consejo de Ministros, la actual Constitución aborda este órgano en los artículos 119 al 129. Sin embargo, según varios expertos en derecho constitucional, no existe consenso sobre mejoras significativas respecto al régimen de los ministros de Estado. Las críticas históricas de Manuel Vicente Villarán persisten, señalando que, independientemente del modelo político (presidencial o parlamentario), el tratamiento constitucional inadecuado y el protagonismo presidencial excesivo neutralizan la participación efectiva de los ministros.
Esto limita la capacidad de gestión en áreas estratégicas, como evidencian casos como el del Ministerio de Salud, Educación y Cultura, que, afectados por presupuestos insuficientes, ven reducida su capacidad de intervención en asuntos críticos.
La historia nos insta a aprender de las lecciones del pasado y afrontar los desafíos del presente con visión y determinación. Enfrentamos retos para fortalecer nuestra democracia. Exigimos un liderazgo transparente, reformas constitucionales sensatas y un equilibrio real de poderes para construir un Perú más fuerte y justo.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
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