La inseguridad ciudadana se ha convertido en un fenómeno que hace estallido violento ante la incapacidad total del gobierno para mantener el más elemental orden público.
Ejemplo extremo es la reacción de los habitantes de La Victoria, San Cosme, Cerro El Pino y zonas aledañas que se han organizado para repeler a la mafia venezolana del Tren de Aragua. Es insoportable la extorsión, el cobro de cupos a humildes trabajadores, la explotación por micro préstamos financieros como el “gota a gota”, la invasión de las prostitutas y traficantes de personas, los robos y otros crímenes que se producen de manera impune.
La policía ha renunciado a cualquier intento de poner control porque no tiene recursos materiales: carece de patrulleros, le falta combustible, no tiene personal suficiente, las armas no son adecuadas, las comisarías son precarias, los sistemas de comunicaciones resultan primitivos; y peor, no existe apoyo legal ni voluntad política para las intervenciones.
El sistema de investigaciones que privilegia los informes fiscales no funciona. Los detenidos son liberados de inmediato por la lenidad del Ministerio Público y convierten las intervenciones en puertas giratorias que permiten la salida inmediata de los delincuentes. Además, los efectivos están impedidos de usar legítimamente sus armas, tal como acaba de advertirse en el dictado de prisión preventiva contra un suboficial que en ejercicio de su defensa personal abatió a un criminal.
Mientras tanto, Lima -igual que amplias zonas del interior- ha sido dividida en sectores delictivos. Por ejemplo, Lince, específicamente Risso, es una zona roja donde la prostitución se ejerce a vista y paciencia de las autoridades sin que nadie haga el menor esfuerzo por impedir la explotación de mujeres extranjeras, especialmente venezolanas, y hasta de niñas.
Entre tanto, áreas mineras como Pataz, en La Libertad, han sido reducidas a campos de sangre donde las bandas perpetran sus asesinatos con batallones que utilizan armamento militar y dinamita.
El crimen es de naturaleza internacional. El Tren de Aragua no es una organización venezolana más, sino que se maneja en coordinación con el gobierno comunista de Maduro y del Foro de Sao Paulo. Su finalidad no solo es robar y matar por fines económicos, sino también la desestabilización política. Hay, además, otras bandas trasnacionales de colombianos, brasileños, haitianos y mafias de narcotráfico mexicanas, albanesas, bolivianas e iraníes que han lotizado el territorio nacional.
Frente a eso, el gobierno ha incurrido en la farsantería de sostener que aquí no se aplicará el Plan Bukele, sino el Plan Boluarte. Pero en los hechos la incapacidad es la respuesta. Más grave aun, se está atentando contra la PNP, a la cual se pretende descabezar con un plan de ascensos que implicaría la salida de 400 oficiales de campo para beneficiar a los amigos del régimen; además, se estrangula a la institución sin recursos logísticos, presupuestos y apoyo político.
La nación no aguanta más. En cualquier momento se va a pasar de los crímenes ordinarios a los atentados terroristas y la responsabilidad será exclusivamente del premier Otárola y sus ineptos ministros del Interior y Defensa. Por eso, Dina Boluarte debe destituirlos y convocar a especialistas eficientes para que doten al país de un auténtico plan de restablecimiento de la seguridad y el orden público.
Caso contrario los enfrentamientos vistos en La Victoria de peruanos contra mafiosos venezolanos son solo un pequeño ejercicio de autodefensa. Lo que puede venirse es un baño de sangre masivo.
(*) Analista politico
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