El colocar a allegados o amigos que no reunían, en estricto, el perfil para el puesto no ha sido una mala praxis descubierta por primera vez en el gobierno del ex presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Los tarjetazos político-partidarios son un mal de larga data. Pero, a diferencia de antes, ahora los mecanismos de control de los actos públicos son más eficaces debido en general a la política de la modernización del Estado diseñada para el siglo XXI.
Sin embargo, la corrupción en el país es inveterada, tal como la estudió en forma científica Alfonso Quiroz Norris y relatada en su obra “Historia de la corrupción en el Perú”. Y esa corrupción es una grave variable y factor de distorsión, que no mucho se ha avanzado en realidad en lo que respecta a las sanciones para aquellos que ingresan a laborar en el Estado sin mérito alguno y sin reunir los requisitos para determinado puesto de trabajo.
El mega escándalo de los “CNM audios” de julio del año 2018 que reveló una corrupción en los máximos niveles del sistema de justicia del país es una muestra rotunda de esa corrupción de la que hablamos, pues en algunos de los audios -que luego pasaron a conformar el caso de “los cuellos blancos del puerto”- se puede escuchar claramente el tráfico de favores mutuos tanto entre magistrados judiciales, como entre éstos y algunos ex integrantes del ya desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en los cuales se descubrió desde compra venta de puestos públicos hasta lobbies para que los “recomendados” (amantes incluidos) puedan acceder al cargo de magistrado supernumerario, con la conformidad de determinado presidente de Corte Superior.
Todo ello en flagrante conculcación de los preceptos de honor y de mérito que deben de regir en los concursos públicos de méritos para acceder a los puestos y cargos en el Estado.
Pero también debe de quedar claro que el trabajo estatal obedece a una vocación de servicio público, y esta vocación no es hacia las altas remuneraciones que tienen algunos funcionarios públicos, como magistrados supremos por ejemplo. En el trabajo público no existe vocación hacia el dinero, sino hacia el servicio a la colectividad en procura del bien común y siempre en el marco de lo justo.
El Estado no es una agencia de empleos.
(*) Analista político y abogado
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