Una relectura del libro “Desborde popular y crisis del Estado”, donde José Matos Mar analizaba la situación política y social del país en los años 80, permitiría darnos cuenta de que en más de cuatro décadas las cosas han cambiado, pero no tanto. Ese “nuevo rostro” que adquirió el Perú, luego de aquellas décadas convulsas, solo ha hecho una mueca disimulada por un maquillaje que hoy se está corriendo. Una vez más se desnudan las profundas brechas sociales y la dicotomía campo y ciudad en un acto de rebeldía que no necesariamente busca defender al expresidente, sino expresar un sentimiento de rechazo contra la oficialidad de turno, contra las autoridades de Lima. Ojo, no pretendemos justificar esa reacción, sino comprender sus causas, sus orígenes, sus motivos, para contribuir en la búsqueda de alternativas de solución a una crisis realmente grave.
Si separamos a los infiltrados digitados por políticos oportunistas y terroristas reciclados —que los hay, qué duda cabe—, la mayor parte de los manifestantes son trabajadores, estudiantes y pobladores de provincias, de esos lugares a donde el Estado no llega como debe ser. Hay ashánincas que creen que llevar sus arcos y flechas a una protesta es normal; campesinos convencidos de que al presidente que eligieron en las urnas le inventaron delitos para sacarlo del poder, y personas que exigen una asamblea constituyente, pero ignoran para qué sirve un organismo de esta naturaleza. P
ero también hay personas que “marchan” a Lima en modernas camionetas 4 x 4, que perpetran ataques incendiarios con bombas molotov, que saquean bodeguitas de humildes emprendedores y que perpetran ataques incendiarios contra locales públicos y privados. Estamos ante un desborde popular y, qué duda cabe, una crisis del Estado. Un Estado que admite sus deudas, como la que le tiene a los fonavistas, pero que se niega a honrarlas recurriendo a triquiñuelas legales.
Ocurrió en el 2020 y hoy se repite. La oficialidad y la institucionalidad, encarnadas por el gobierno de turno, el Congreso y los demás organismos, paradójicamente tutelares del Estado, están nuevamente en el ojo de la tormenta. Una mesa de diálogo con los representantes de estas personas podría ayudar mucho a encontrar una salida. La comunicación franca y sincera, sin mensajitos de Twitter ni dudosos apuntes de puño y letra, es fundamental por el bien del país. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
