En el Perú no debemos aceptar que siga la persecución política ni contra partidos ni contra personalidades democráticas, caso contrario quedaremos librados al oprobio de un sistema donde solo las mafias tengan acceso al poder del Estado. Por eso hoy tenemos que ser especialmente solidarios con el APRA.
El partido fundado por Haya de la Torre en 1924 tiene un rol fundamental en la historia nacional y no se necesita ser aprista para reconocer la gravitante trayectoria de muchos de sus líderes y bases a lo largo del siglo XX. Tampoco se puede desconocer que si bien su primer gobierno fue desastroso, el segundo mandato del presidente Alan García (2006 – 2011) fue el más eficiente de la República.
Tras la aberrante decisión del JNE de prohibir su inscripción en las elecciones generales de 2021, por fin el aprismo ha vuelto a superar todas las vallas para figurar como una organización política con pleno derecho; y su estructura interna se está recomponiendo sobre las bases históricas con el concurso de nuevas generaciones que creen firmemente en la vigencia del principio fundamental de la justicia social.
Eso puede permitir que de aquí al año 2026 en el Perú emerja una fuerza de centro izquierda madura y no extremista con experiencia técnica de gobierno, con postulados democráticos y eventualmente forjadora de alianzas electorales que le permitan dar estabilidad a la gobernanza nacional.
En este contexto restaurador los reaccionarios fascistoides de la izquierda caviar han lanzado una campaña de persecución contra el APRA. Extrañamente 17 años después de cualquier hecho investigable el Ministerio Público ha formalizado el inicio de la investigación preparatoria contra 10 personas vinculadas al partido aprista por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado.
La iniciativa, infame por donde se la vea, “se toma en el marco del proceso penal iniciado en 2018 contra Luis Alva Castro por presuntamente haber recibido 200 mil dólares como aportes de campaña por parte de Odebrecht en las elecciones del 2006. La hipótesis se basa en las declaraciones del ex-CEO Jorge Barata (totalmente desprestigiado), quien sostuvo que Alva era, supuestamente, intermediario del expresidente García”. Un disparate total por atemporalidad, prescripción de hechos eventuales, inhabilitación médica de Alva Castro, fallecimiento del ex presidente García, etc. En suma, la farsa solo es una persecución contra los líderes del aprismo presente.
Vía investigación preparatoria -que irracionalmente puede extenderse hasta tres años- se buscaría inhabilitar al APRA con argumentos políticos y no jurídicos; y todo está direccionado contra personalidades fundamentales como Jorge Del Castillo Gálvez, Mauricio Mulder, Hernán Garrido-Lecca, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén, César Zumaeta, entre otros.
Es tan agresivo el caso que hace una hipótesis de trabajo absolutamente inaceptable porque imputa que el Partido Aprista “es una organización criminal cuyos fines son copar puestos públicos”.
Proporcionalmente, esto es lo mismo que se ha hecho en el caso de los cócteles contra Keiko Fujimori, una perseguida política a quien se le ha encarcelado injustamente 3 veces sin que se llegue a formalizar la investigación. Por eso los demócratas hoy debemos denunciar la maniobra artera, cuidar a las personalidades bajo persecución pseudo fiscal y cerrar filas en defensa de la libertad.
(*) Analista político
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