El allanamiento y decomiso de equipos a la casa y despacho del periodista Juan Carlos Tafur, director del portal web Sudaca, es un claro y repudiable atentado fiscal contra la libertad de prensa.
Vincular a este periodista de izquierda, pero demócrata, con una presunta organización criminal dirigida por la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, es un despropósito descomunal. No hay ninguna razón lógica para que el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción señale como presunto “operador” de una red criminal a un comunicador que no niega tener fuentes de información diversas y que se ha atrevido -dentro del ejercicio de sus libertades de información y opinión- a criticar duramente a la fiscal Marita Barreto, quien claramente ha perdido el rumbo por su odio contra Patricia Benavides.
Así, resulta desquiciado jurídicamente que se le sindique a Tafur por el inexistente delito de haber publicado un reportaje que “pretendía desprestigiar” a Barreto, coordinadora de Eficcop, según un imaginario “plan orquestado junto al abogado José Luis Castillo Alva y otros” de acuerdo a lo señalado en el documento firmado por el juez Raúl Wenislao Justiniano Romero, del 8° Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial.
¿Dónde queda el derecho a la reserva de las fuentes y a la libre opinión periodística garantizado por la ley y la Constitución? ¿Por qué si Barreto se sintió difamada no estableció una querella? ¿Por qué la fiscal abusa de su autoridad y, sintiéndose agraviada, se vuelve en autoridad perseguidora de un eventual delito en vez de poner el caso en manos de un fiscal independiente? No se puede, pues, ser juez y parte salvo que se trate de burlar la justicia u ocultar otros fines protervos.
Más aun, aunque Tafur no niega conocer a diversas fuentes, lo cual le permite acceder a información para sus publicaciones, ha cumplido como cualquier ciudadano con ponerse a disposición de la justicia. En cambio, Barreto no juzga con la misma vara a verdaderos operadores políticos y evidentes traficantes de influencias escudados en el oficio periodístico como Gustavo Gorriti e IDL Reporteros. ¿O es que la fiscalía diferencia entre “amigos” y críticos?
La repulsa contra la arbitrariedad cometida en el operativo Valkiria es unánime. Y se hace evidente la desesperación de Marita Barreto, del Fiscal Interino de la Nación y otros por conseguir la destitución final de Patricia Benavides, cuya suspensión temporal vence el 7 de junio sin que la Junta Nacional de Justicia tenga los votos suficientes para removerla del cargo.
La libertad de prensa es irrenunciable y no se puede aceptar el atentado perpetrado. No soy de izquierda, milito contra el caviaraje pero reconozco a Juan Carlos Tafur como periodista responsable de sus opiniones; por eso todos los gremios periodísticos deben sumar sus voces de protesta e impedir que la libertad de prensa y expresión sean avasalladas tan grotescamente.
A su turno la Autoridad de Control del Ministerio Público debe reconvenir y sancionar drásticamente a la fiscal Marita Barreto quien, reitero, en este caso está comportándose desquiciadamente y en contra del orden constitucional.
(*) Analista politico
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