Ante la Sesión del Foro de Madrid realizada en Lima esta semana he planteado que el verdadero problema que tiene el Perú con el sistema interamericano de Derechos Humanos es más político que jurídico.
No existe propiamente una jurisdicción interamericana porque aceptarla supondría establecer una zona de supranacionalidad y renuncia explícita a la soberanía de las naciones hemisféricas. La Corte solo es una institución judicial autónoma cuyo objetivo exclusivo debe ser la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ocurre que con su aberrante sistema jurisprudencial y la participación de una serie de “actores emergentes” extraños a la juridicidad ha creado un sistema de precedentes que constituyen una legislación en sí misma que excede la materia de derechos humanos para enrumbarse en materias políticas y constitucionales que le son ajenas; y a través de sus sentencias muchas veces insuficientemente motivadas o simplemente fundamentadas en posturas ideológicas incurre en el sistema de innovación arbitraria del derecho que termina siendo impuesto a los estados miembros.
Frente a eso el camino es defender la soberanía nacional inaplicando las sentencias de la Corte cuando excedan el orden jurídico interno; denunciando el Tratado vinculante y separando a los países de la competencia contenciosa de la Corte. El problema es la voluntad política y la convicción soberana de los estados.
La OEA y sus órganos supuestamente autónomos, la Corte y la Comisión IDH padecen de una deformación ideológica aberrante. Un ejemplo claro es su alineamiento con la agenda globalista 2030 de las Naciones Unidas con todo lo que ello implica en cuestiones como el aborto compulsivo, la ideología de género, el llamado lenguaje inclusivo y el control supranacional de territorios (caso del Acuerdo de Escazú). Una demostración palmaria de esta afirmación es revisar los orígenes y las propuestas ideológicas y políticas de jueces y comisionados.
Así, muchas veces los procedimientos jurídicos correspondientes son herramientas de imposición política de la voluntad globalista y el interés por destruir las bases mismas de los estados – nación liberales del hemisferio. Esto se hace vía el “control de convencionalidad” de las decisiones judiciales nacionales, que ha llevado al extremo de que sentencias firmes de la Corte Suprema y hasta del Tribunal Constitucional sean revertidas mediante “opiniones consultivas” de la Corte Interamericana impidiendo su ejecución. Caso emblemático: el indulto inaplicado al ex presidente Alberto Fujimori.
Luego se usan los informes de las visitas “in locco” de los comisionados a los países en situaciones controversiales, que abusivamente se convierten en medidas cautelares o en pronunciamientos vinculantes que trasgreden el orden constitucional interno de las naciones afectadas. Y una tercera vía es la promoción de legislación globalista, por ejemplo contra la defensa de la vida del concebido para imponer el aborto indiscriminado.
El problema central está en la estructura corrupta, ideológica y hasta criminal de la entidad central de la OEA, una organización que nació para coordinar a los estados de la región que ahora pretende ser un gobierno alternativo con planes propios y ajenos a las naciones soberanas. Un ejemplo clarísimo es el rol miserable del secretario general Luis Almagro, quien hace apenas cuatro meses fungió como defensor personalísimo del golpista Pedro Castillo Terrones, a quien elogió por su “compromiso férreo en la lucha contra la corrupción”.
La defensa de la soberanía de los estados nación en el período post globalización depende, entonces, de la voluntad política de nuestros gobernantes.
*Analista político
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