La liberación del nefasto gobierno de Pedro Castillo abrió un ciclo político de incertidumbre y conflictividad que –cinco meses después– no tiene visos de concluir.
Contra lo anunciado no es la democracia la que insurge triunfante; a pesar que la pesadilla totalitaria quedó atrás, replegada. A partir del 7/12, negras nubes atiborran el horizonte, amenazando revertir la victoria republicana.
La concurrente negativa a adelantar el cronograma electoral cierra la ventana capaz de refrescar la atmósfera turbulenta que nos agobia. En lugar de un presente de transición, con destino cierto y cercano, el país deambula errático, acumulando tensiones que podrían estallar en cualquier momento.
Una de las facetas más hirientes de este afligido derrotero es el descarado acoso internacional, que estamos sufriendo. Ni con dictaduras ni ante golpes de estado, el Perú está tan aislado en el concierto de las naciones. Ciertos gobiernos de la región desconocen a la Boluarte y con otros, denuestan y nos hacen añicos en cuanto foro participamos. Es una insidiosa injerencia extranjera, una violación del derecho internacional, ante la impotencia de la cancillería peruana.
De igual calaña es la presión foránea para receptar a la migración acunada por el régimen de Chávez y Maduro. En lugar de una cumbre latinoamericana que aborde el problema humanitario con cuotas razonables y medidas comunes, aprovechan del extravío gubernamental y la estolidez de nuestra diplomacia, para “tirarnos la pelota”. La conducta chilena de colocar a cientos de personas en la frontera denota grosería sin par. Es un asunto de Chile con Venezuela. Nuestro país está al margen. Sin embargo, gracias a la candidez caviar inculcada y la torpeza oficial, el Perú termina fletando un pleito ajeno.
El Informe de la CIDH es la última afrenta hito de esta escalada infame. No cabe reducir su importancia, mientras integremos el Sistema Interamericano. El texto permitirá que las ONGs nos denuncien ante la Corte de San José y seamos condenados como una estado violador de DD.HH. Y, por cierto, avivará el fuego subversivo latente, en el sur del país.
¿Qué más esperar del dictamen del órgano supremo del Sistema?. Imputar “ejecuciones extra-judiciales”, “odio étnico-racial” y “masacres”, implica cárcel para Boluarte y sus ministros. De ser cierto, claro está. O, en su defecto, deberá ser rechazado contundente por calumniar al régimen constitucional peruano. Por convertirnos en un país paria mundial. Es un vejamen insoportable. Un Estado Soberano no puede sufrir tanta humillación.
¡Qué el gobierno consienta la injuria y encima culpe a la policía, es cosa suya!. Ya será juzgado. Los ciudadanos, por nuestra parte, debemos evaluar qué ganamos dentro de una organización que, en los hechos, impide defendernos legalmente del izquierdismo radical, enemigo de nuestra libertad y la democracia.
(*) Constitucionalista.
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