El día lunes 27 de noviembre del presente año las cosas cambiaron rotundamente para la todavía fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas: Sus asesores de confianza, entre ellos su otrora principal asesor Jaime Villanueva Barreto, fueron detenidos bajo la figura procesal de la detención preliminar, con el allanamiento de sus domicilios y de sus oficinas públicas.
Con sus asesores detenidos y con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) facultada y hasta obligada constitucionalmente a ejercer sus funciones de investigación y de sanción disciplinaria, la todavía fiscal de la Nación acude al Congreso de la República, a modo de manotazos de ahogada, desesperada por encontrar una “tabla de salvación”.
Pero sucede que lo que se imputa a sus asesores es la realización de actos de tráfico de influencias en beneficio de la actual fiscal de la Nación, para remover a los miembros de la JNJ, por la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Avalos y por el nombramiento del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez; esto es, el tráfico de influencias se habría realizado nada menos que con no pocos congresistas de la República en funciones.
Y ahora resulta que para ciertas personas la investigación contra la todavía fiscal de la Nación es por culpa de los caviares.
Algunos, desde que el extinto Alan García Pérez llamó “caviares” a gente de izquierda que le gusta vivir del Estado hipertrofiado propio de sociedades en subdesarrollo, quieren seguir manteniendo esa palabra, ahora para referirse a quienes sólo acatan la Ley y la Constitución Política del Estado, realizando la investigación y persecución penal (fiscales) o las labores de evaluación, investigación de la conducta y sanción disciplinaria de jueces y fiscales, como la destitución por ejemplo (Junta Nacional de Justicia). Por lo tanto, no se trata de hablar de caviares o no caviares, sino de gente que no delinque y gente que delinque, De lo que se trata es que en democracia todos somos iguales ante la ley y no hay intocables en términos del alcance de la justicia.
La impunidad, cuando corresponde sanción, sólo genera más impunidad y corrupción.
Por el supremo valor de la Justicia, por el mismo bienestar del país, la actual fiscal de la Nación no puede seguir ejerciendo el cargo al haber sido evidenciada por la detención preliminar de sus asesores de confianza, entre ellos su otrora principalísimo asesor Jaime Villanueva Barreto.
ES JUSTO Y NECESARIO.
(*) Analista politico
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