De nada sirve que se haya censurado al ex ministro del Interior Vicente Romero si el sucesor, Víctor Torres Falcón, no empieza a ejecutar urgentes medidas para controlar la inseguridad ciudadana.
Romero fue sancionado por el Congreso por dos motivos centrales: Haberle quitado respaldo político a la policía y presentar la descabellada propuesta de crear un cuerpo de policía secundaria que podría ser de paramilitares politizados al estilo de la guardia bolivariana en Venezuela; y segundo, por mentirle al país sosteniendo que aquí no habrá Plan Bukele, sino Plan Boluarte, aunque en la práctica no hay plan alguno.
De Torres Falcón se conoce solo el perfil de su hoja de vida y se ha denunciado problemas familiares que mellan su trayectoria, pero nada más. Sobre lo que piensa hacer en el Mininter, nada, salvo su obsecuencia al PCM Otárola, quien ya tiene contadas las horas en el cargo.
Entre el gobierno de Castillo y el de Boluarte llevamos alrededor de una decena de ministros en tres años, con todo lo que eso significa de inestabilidad para el Ministerio del Interior y la PNP, institución sacudida por la infiltración de malhechores que han intrigado con los ascensos del personal a la par que han dilapidado los recursos, sumiendo al cuerpo policial a una situación de incertidumbre, penurias y descrédito a ojos de la nación.
La PNP necesita una reorganización profunda e inclusive podría considerarse su refundación y el futuro de sus oficiales debe ser garantizado de un a manera honesta. No puede ser posible que ahora se privilegie el ascenso de los “académicos” mientras se planea destituir a los mandos con rango de coronel que son especialistas comprobados en operaciones de campo. Un caso que ejemplifica el abuso es el destino del director de la Dircote, coronel Max Anhuamán, quien ha tenido éxitos notables en la lucha contra el terrorismo pero podría ser invitado al retiro cuando en realidad le corresponde ascenso por acciones distinguidas.
La PNP necesita también que el gobierno proceda a un saneamiento integral de su presupuesto y asignaciones. Increíblemente, los efectivos siguen comprando sus uniformes, armas y municiones; y mientras tanto, no se le pagan los bonos, no se les asegura el rancho y sus equipos -desde escudos hasta vehículos- están en obsolescencia total en más del 90%. Encima el Hospital de Policía es una mugre insana en cuyos pisos hay desde sangre hasta orinas porque la infraestructura se cae a pedazos.
La Policía, además, requiere que se le devuelva el principio de autoridad. No puede ser posible que a los enfrentamientos con los marchantes subversivos se les envíe solo con escudos plásticos; en la lucha contra criminales peligrosos no pueden usar sus armas de reglamento; y, encima, si un policía mata a un criminal, termina investigado y preso en cárceles de presos comunes.
A la policía hay que devolverle el rol de la instrucción penal porque el sistema de fiscales no cumple. Eso incide en la impunidad de los delincuentes y en el sistema de la “puerta giratoria”.
El lema es claro, “A la policía se le respeta”; pero eso no lo hace ni el gobierno en general ni el Ministerio del Interior. De modo que el nuevo titular, Torres Falcón, si quiere durar en el cargo y no pasar a la historia de la ignominia, debe comenzar por hacer respetar y poner en valor a la PNP. De lo contrario, habremos cambiado solo mocos por babas.
(*) Analista politico
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