La reciente designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro fue una verdadera sorpresa para todos. Si bien es cierto la máxima jefatura de Perupetro es un cargo de confianza, ello no enerva a que la persona designada en base a dicha confianza necesite tener ciertos requisitos técnicos que son imprescindibles para el ejercicio cabal de la función. Por ejemplo, el titular de esta entidad tiene que tener conocimientos técnicos o experiencia práctica en el ámbito petrolero; y en ninguna de las situaciones se encuentra el señor Daniel Salaverry y es por eso que tal designación ha sido tan duramente criticada por diferentes especialistas y voces.
Ahora, existen requisitos subordinados a la cuestión de confianza y, evidentemente, la Contraloría General de la República tiene allí una tarea pendiente que, de ser el caso, debería de verificarse con la prontitud que la situación del país requiere.
¿Resulta sospechoso que Salaverry se haya reunido un día antes de su designación con el presidente Pedro Castillo? Para mí no, no es anormal que una persona que va a ser designada en un cargo de confianza sea citada por el jefe de Estado para conversar y coordinar sobre el puesto asignado. Vale la pena clarificar ese punto y aquí el problema pasa por otras circunstancias: se trata de un personaje público que en su momento ha sido aprista, luego ha sido fujimorista, después pasó por las filas de Somos Perú y ahora se convierte en un flamante colaborador del Gobierno de turno. Vale decir que es cabal e integralmente un hueleguisos político.
En todo caso, lo peligroso de este caso recientemente anunciado que estamos tratando es que podría tratarse de una alianza política encubierta con el “lagartismo”; es decir, esa experiencia política que tiene varias denominaciones, pero un solo comportamiento moral en lo que se refiere al manejo de los asuntos públicos y que tiene como cabal expresión al señor Martín Vizcarra.
Finalmente, esta designación de Daniel Salaverry como titular de Perupetro podría originar una solicitud o invitación de parte del Congreso de la República al actual ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para informar en el Pleno tal decisión, habida cuenta de la necesidad de cautelar el idóneo gasto público que generará un cargo como este.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
