Hay una frase que resume “El príncipe”, el tratado de estrategias políticas escrito por Nicolás Macchiavello en el siglo XVI: “El fin justifica los medios”. Este recurso ha sido usado, incluso desde antes de que se publicara el libro, en diversas actividades del ser humano, desde el deporte hasta la guerra. En lo que concierne a la política, calza perfectamente en el pensamiento de quienes orquestaron y perpetraron fraudes electorales, los cuales tienen una larga tradición en Latinoamérica. El Perú no ha sido ajeno a sospechas, denuncias e investigaciones de esta materia.
Como lo señala Alfredo Torres en su libro “Elecciones y Decepciones. Historia de una democracia en construcción” (Editorial Planeta: 2020), la adulteración de los votos, la intimidación de los electores, la manipulación de los organismos electorales y la violencia en las mesas de votación eran muy comunes en otros tiempos. Tras las últimas elecciones generales del Perú, en el 2021, hubo —incluso— denuncias ante la Fiscalía de la Nación y quejas ante la OEA.
La historia de Estados Unidos registra seis elecciones presidenciales impugnadas, pero la más sonada fue la de 1960, que marcó el final de la administración de Eisenhower. Más recientemente, Donald Trump denunció que Joe Biden le ganó las elecciones del 2020 con fraude, aunque, igual que en Perú, no ha podido probarlo. Ahora se invirtieron los papeles, Trump es acusado de intento de fraude electoral. Así, desde Venezuela y Brasil hasta Rusia y Bosnia-Herzegovina, desde que se instauró la democracia hasta tiempos contemporáneos, la palabra fraude es pronunciada en calles y plazas cada vez que hay elecciones.
Nos acercamos a un año preelectoral previo a los comicios generales del 2026 y aún hay rezagos de las denuncias del presunto fraude del 2021. Estamos en tiempos de inestabilidad política y muy sensibles a la agitación social, ese clima social puede ser el germen de futuras crisis.
Por ello, es necesario que los organismos electorales preparen los mecanismos adecuados para garantizar, quizá con un mayor uso de la tecnología, elecciones limpias, honestas y transparentes. La sociedad exige honradez y justicia de sus autoridades. Atrás deben quedar los tiempos de suplantaciones de electores, quemas de urnas, falsificación de firmas, adulteración de actas y manipulación de resultados, entre otros mecanismos vedados, usados para alterar los resultados y dar ganador a quien no lo merece. Un papel clave tienen los personeros de los partidos, pues más de una elección se ha perdido por no contar con estos guardianes de los votos. Esperamos que ello ya no vuelva a ocurrir en el país. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
