La fiscalía ya ha requerido la imposición de una prisión preventiva de treinta y seis (36) meses contra el jurista José Luis Castillo Alva detenido preliminarmente a raíz del mega operativo fiscal del martes 23 de abril del presente año llamado “Valkiria XI”.
El pedido ha sido efectuado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) no solamente contra Castillo Alva, sino también contra Miguel Girao y Abel Hurtado, a la sazón exasesores de la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, entre otros detenidos en el mencionado operativo fiscal (los empresarios Mirtha Gonzales Yep y Giancarlo Valer Enciso, el oficial de la PNP Jorge Rodríguez Menacho y el exfuncionario del Ministerio Público Jorge Luis Palomino Quesada), por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros.
Por su parte, respecto al otro jurista que estaría implicado en la presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación en referencia, Jefferson Moreno Nieves, a propósito de su supuesta solicitud para acogerse a la colaboración eficaz, en calidad de aspirante a colaborador eficaz, Benavides Vargas ha reclamado diciendo que no se debe violar el secreto profesional, y que incluso que su exdefensor profesional la habría grabado.
Pero sucede que el derecho al secreto profesional no es absoluto; es decir, admite excepciones, sobre todo cuando la revelación de información a la autoridad pública tiene que ver con hechos que no corresponden a la “confesión” de un crimen por parte del defendido hacia el defensor profesional, sino con propuestas de comisión delictiva del primero hacia el segundo, toda vez que un abogado no puede ni debe ser cómplice (partícipe) ni coautor de un delito propuesto por la persona a la cual defiende por hechos previamente realizados o cometidos. Son cosas completamente distintas.
Se podría decir que tanto el uno como el otro (Castillo Alva y Moreno Nieves) son juristas caídos en desgracia; más si lo son, es debido a sus propios actos, aunque, desde luego, todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Mientras Castillo apuesta por el litigio, Moreno habría optado por la colaboración eficaz, según la información extraoficial de que se dispone debido a la propia naturaleza de la colaboración eficaz, implicando ello un reconocimiento de responsabilidad penal.
El ser un auténtico jurista implica no solamente crear y recrear categorías jurídicas, sino también dar ejemplo de ética pública.
(*) Analista político.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
