El “Limazo” de Velasco, con la rebelión de la Policía y los saqueos perpetrados por vándalos infiltrados en las marchas de protesta contra el régimen militar, fue un episodio muy distinto a la marcha contra el Gobierno de Pedro Castillo. Tampoco se pueden comparar las medidas dictadas el 5 de abril de 1992 por Alberto Fujimori, quien disolvió la democracia, con el estado de emergencia con toque de queda similar al decretado hace unos días por el actual presidente, que según sus ministros, para evitar una ola de saqueos.
En el “Fujimorazo”, que fue un autogolpe respaldado por las Fuerzas Armadas, Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy desactivado), el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, hubo persecución de miembros de la oposición y secuestros.
La orden de inamovilidad dada por Castillo encontró el rechazo mayoritario de la población, pero la marcha que concluyó en el centro de Lima no tuvo origen en las bases populares de los conos de Lima ni en las organizaciones sindicales. Por la avenida Arequipa pasaron grupos de jóvenes, muchos de ellos en autos de lujo, bicicletas, patines y skate, hacia el centro de Lima. Se notaba que eran de distritos residenciales como La Molina, San Borja, Miraflores o San Isidro.
También se notó una fuerte participación y apoyo de sectores de la clase media, que se evidenció en el “cacerolazo” realizado en zonas como Santa Beatriz, las Torres de Limatambo y San Felipe. En los estratos socioeconómicos D y E en realidad no se percibió participación directa. Algunos miembros de la oposición creyeron ver en el decreto dado por Castillo el inicio de un régimen autoritario como el de Fujimori.
Otros dijeron que el presidente, en la lógica marxista-leninista de la “agudización de las contradicciones”, tal vez dictó la inmovilización y encierro con el propósito de generar un clima de caos propicio para dar un golpe tipo Fujimori. Ni lo uno ni lo otro. Castillo tuvo que suprimir el estado de emergencia ante la presión popular.
Sin embargo, la crisis se mantiene y las protestas siguen tanto en Lima como en provincias, ahora sí con cierta participación gremial y de sectores populares. El Gobierno tiene la gran responsabilidad de usar el arma del diálogo para salir de este pantanoso episodio. La participación de sus ministros y asesores será clave. Se precisa de ponderación y tino. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
