Probablemente, nunca antes en la historia republicana del Perú se había visto un complot de la magnitud del tramado contra la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides.
La historia inverosímil de tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos, acaba de ser rebatida por su defensa que ha presentado denuncias penales y quejas funcionales contra los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP); particularmente sobre los doctores Marita Barreto y Freddy Niño Torres, el coronel Harvey Colchado y el capitán PNP Gian Marcos Dueñas. Los delitos acusados son abuso de autoridad, omisión de funciones, fraude procesal, falsedad ideológica, falsedad genérica y otros. La denuncia contra Barreto está dirigida a la Fiscalía de la Nación; y la acusación contra Colchado se ha realizado ante un fiscal provincial penal y en la Inspectoría General PNP.
En lo medular se cuestiona la ausencia de un elemento probatorio verosímil porque todo el caso pretende ser sustentado en una simple hoja de papel con copia de capturas de pantalla de las presuntas conversaciones extrañamente editadas de WhatsApp que sostuvo el exasesor del Ministerio Público Jaime Villanueva, quien no entregó elequipo telefónico porque dice que lo rompió en dos pedazos.
Tampoco se ha identificado quién habría sido el congresista “Roberto” (alias que inclusive podría corresponder a una mujer) que se convirtió en agente especial de la PNP. Como explica el abogado Christian Salas “Si supuestamente este congresista venía con la información de que a él lo habrían buscado para interceder ante otros parlamentarios ante la compra de votos de Jaime Villanueva, este señor tendría vinculación con un delito y, por lo tanto, el EFICCOP no tenía competencia para investigar hechos de ese alto funcionario. Debieron elevarlo ante la Fiscalía de la Nación, y no se hizo”.
Según la peregrina hipótesis del Eficcop, la inverosímil red criminal de Benavides habría pactado con congresistas el apoyo mediante votos para la destitución e inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la elección del defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y la remoción de los integrantes de la JNJ. A cambio, les habría ofrecido archivar las investigaciones que tienen en curso.
De acuerdo a la defensa de Benavides no se ha satisfecho la exigencia establecida en el Código Procesal Penal de informar ante la Fiscalía de la Nación la asignación al caso de un agente encubierto y/o especial.
Por otra parte, se ha denunciado fraude procesal porque las fechas de lo actuado no cuadran. La carpeta fiscal fue creada recién el último 10 de noviembre, pese a que la asignación del agente especial y el inicio de la indagación contra quienes resulten responsables se dio en mayo de 2023. ¿Qué pasó durante tantos meses de silencio? ¿O solo al final se percataron de que el proceso no fue numerado de acuerdo a ley?
Parece lógica, entonces, una conspiración mediante una tramitación regular o la creación de un caso injustificado y orientado a sacar del cargo, bajo escandalosa presión mediática, a Benavides a partir del 7 de diciembre con la decisión de la corrupta Junta Nacional de Justicia.
En el plano psicosocial los aparentemente complotados han hecho coincidir la denuncia en su contra con dos casos hiper llamativos: las denuncias y allanamientos en la investigación contra el ex presidente Martín Vizcarra y la extradición del feminicida venezolano Tarache. ¿Maniobra para mejorar forzadamente su imagen ante la prensa y la opinión pública nacional?
(*) Analista politico
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