No dudamos del Tribunal Constitucional, garante de la constitucionalidad de la política democrática y sus instituciones. La primacía normativa de la Constitución es el principal rasgo distintivo del Estado de Derecho contemporáneo. Por lo que resulta atendible que su funcionamiento y composición despierte el interés de muchos. Después de todo, controla la potestad legislativa del Congreso, dirime los conflictos entre los órganos constitucionales y resuelve en instancia final las demandas relativas a los derechos fundamentales. Es obvio que semejante poder jurídico concentrado, requiera de una legitimidad política amplia y genere la correlativa inquietud ciudadana.
Por eso tenemos sospechas y mucha preocupación por la oposición cerril a la renovación del TC, conforme ordena la Carta Política, desplegada por ciertos poderes ocultos. ¡Ninguna exageración en lo dicho! Recordemos, nomás, que hace dos años el Congreso fue inconstitucionalmente disuelto por pretender elegir a los miembros del Tribunal; aquellos que remplazarían a quienes concluyeron su mandato. Y está más fresco aún que, en julio último, una sucia maniobra, una ilegitima injerencia del Poder Judicial, presionara al Parlamento Extraordinario para que renunciara a insistir en renovar a los magistrados del TC.
Hoy no es un secreto que tras esas artimañas de estirpe golpista pululaba la mafia vizcarrista–caviar, amarrando al TC a sus propósitos obscenos. Legitimaron así sus actos prepotentes y demás fechorías, reduciendo la actuación del Congreso y capturando a la Fiscalía y al Poder Judicial. Con ese objeto, congelaron, al interior del Tribunal, una correlación con mayoría humalista desde el 2014. Y aunque 5 años después (2019), dichos cargos ya habían caducado, hicieron lo indecible para perpetuar a los espurios impidiendo el nombramiento de nuevos magistrados.
Por eso no sorprende el anuncio de montar “una comisión internacional de juristas”, para supervigilar al actual proceso de selección de candidatos al TC que viene impulsando el flamante Congreso de la República. No dudamos que aprestan una campaña millonaria y llena de vileza para desprestigiar a este tercer esfuerzo constitucional consecutivo de tener un TC genuino y renovado, sin los usurpadores humalistas, cómplices de los gobernantes de turno: Vizcarra, Sagasti, Castillo y sus planes antirrepublicanos.
El 3º acápite del Art. 201º constitucional dice: “Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República”. Y por nadie más. Por lo tanto, cualquier medida tendente a menoscabar esta atribución propia de la representación nacional, quiebra al Estado de Derecho. Hace 200 años los peruanos proclamamos la Independencia. No permitiremos, ahora, que excusas globalistas e ínfulas sapientes avasallen nuestra soberanía en asuntos nacionales. No dejemos al intervencionismo extranjero decidir por nosotros. ¡Qué nuestra Constitución Histórica no sea vulnerada por el neo–comunismo caviar y foráneo!
(*) Constitucionalista
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
