En su primer viaje a los Estados Unidos, el presidente Pedro Castillo flanqueado por sus dos más importantes funcionarios Oscar Maurtua de Romaña y Bruno Pacheco, respondió a una reportera extranjera cuando le preguntó “¿qué garantías ofrece el gobierno peruano a los empresarios de EEUU y los peruanos?” nuestro mandatario interrumpiendo, respondió a la periodista con mucha seguridad diciendo: “no solo las garantías jurídicas, hay que darle todas las garantías; el Perú también tiene las calles a veces sin seguridad, pero para eso está el Estado, hay que coordinar con diferentes entidades con la finalidad que el empresario, el inversionista, se sienta seguro, ¿no?”.
La pregunta se hizo con el propósito de conocer las seguridades económicas para invertir en el Perú, y el mandatario entendió más por la inseguridad ciudadana pensando que ese problema tiene trascendencia en el exterior.
En un informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuyo análisis comprende el periodo septiembre 2021 – febrero 2022, “las ciudades con mayor percepción de inseguridad en los próximos doce meses son: Cusco (96,5%), Huancayo (94,0%), Lima Metropolitana (93,2%), Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao (93,0%), Pucallpa (91,8%)”.
Así se nos presenta con estadísticas oficiales el aumento de la delincuencia y la inseguridad, sumándosele el temor de la población. La Encuesta de Ipsos Apoyo del 13 de mayo de 2022, plantea la pregunta a la ciudadanía sobre los tres problemas más graves que tiene el país, apreciándose que la población cree que son la corrupción 54%, la delincuencia y falta de seguridad 44% y el costo de vida 32%. En el mismo sondeo de opinión se plantea al encuestado que responda personalmente los problemas que más le afecta de la situación actual, respondiendo que es el costo de vida y precios altos 27%, delincuencia y falta de seguridad 21% y corrupción 13%.
Como se puede observar, tanto en el estudio del INEI como en la encuesta de Ipsos Apoyo, la inseguridad ciudadana es el problema que afecta a la población peruana en un segundo orden porcentual ante la corrupción en lo general, o el costo de vida en lo singular; y ambos estudios hacen proyecciones sobre el aumento de este flagelo.
El clima de inseguridad ha llegado a un grado tal, que ahora entre bandas armadas vinculadas a la minería ilegal provocaron la muerte de 14 personas y hay más de 31 detenidos. Se suma a esto el dejar escapar a personajes vinculados al gobierno en graves actos de corrupción, y agravándose con el “error” de la policía de intervenir un inmueble diferente al que se encontraba el ex ministro de transportes Juan Silva quien se encuentra con orden de captura.
El presidente de la República en lo que va de su administración ha tenido entre sus ministros personas vinculadas con antecedentes penales, figurando un procesado por homicidio calificado; un reo libre; un guerrillero amnistiado; otros acusados por maltrato y violencia contra la mujer; un acusado por terrorismo, y hasta acusados de plagio, siendo esto último en lo que está inmerso el mismo presidente al haber presentado una tesis muy cuestionable.
Con esta situación ¿cómo podemos pedir a nuestras autoridades mayor empeño en la seguridad ciudadana si son los que vulneran la ley quienes nos gobiernan?
(*) Abogado Ex Congresista
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