Existe un consenso general en que el problema más grave que afecta a la ciudadanía es la inseguridad en las calles. Todos los días los noticieros de radio y televisión dedican largos minutos a difundir asaltos, robos al paso, marcaje, robos cibernéticos, homicidios, sicariato, etc.
Ante esta situación, el Estado ha tenido muy malas o débiles respuestas, siendo la primera la inestabilidad del sector, empezando por ministros poco conocedores que han durado poco en el cargo y constantes cambios en la Policía Nacional, en las que se han producido injustos pases a retiro como la razzia que hizo el gobierno de Sagasti o los tres ministros en los cinco primeros meses de este gobierno.
A esta caótica situación se suma la desinteligencia entre el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante General de la Policía, Javier Gallardo Mendoza, al ponerse en evidencia la intromisión del ministro en los ascensos y luego en los cambios policiales que todavía no se han resuelto. Digo intromisión porque esas decisiones son potestad de los comandos, tal como ha quedado en claro en el caso de las FF.AA., donde se probó la injerencia ilegal del presidente, por lo que afronta una investigación.
Los defensores de oficio del ministro Guillén, han saltado a cuestionar que haya puesto un par de twits reclamando por ese enfrentamiento mientras campea la delincuencia y lo interpretan antojadizamente como si yo apoyara al general Gallardo, a quien no conozco, ni tengo vínculo alguno directo o indirecto.
Mi preocupación es como la de miles de personas que se sienten afectadas por la delincuencia y, habiendo sido Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, propusimos una serie de medidas que haría bien el ministro en recogerlas cumpliendo su papel de responsable político del sector, en lugar de estar metiéndose en temas policiales que no son de su incumbencia, como el papelón de ayer en el Callao, donde hicieron un operativo que no se pudo completar por encontrar las calles cerradas por obras públicas.
Fuimos los gestores de la Ley 31012 de Protección Policial, para evitar que los policías que protegen a la sociedad y sus propias vidas puedan hacer uso reglamentario de sus armas de fuego contra la delincuencia, en el marco de respeto a los derechos humanos, sin responsabilidad penal. También propusimos el 4036/2018 convertido en Ley de Serenazgo Municipal 31297 que autoriza el Serenazgo Sin Fronteras.
Le propongo ministro que pida al Congreso insistir en la Ley de Ciberseguridad, absurdamente observada por Vizcarra (P/L 4352/2018). Solicite que se apruebe en el Pleno del Congreso, donde está pendiente de votación el P/L 4408, una ley para la entrega voluntaria de armas de fuego; en las calles hay más de 100 mil armas de fuego ilegales, sin registro ni dueño conocido, según SUCAMEC.
Dele prioridad al P/L 1696/2016 que prohíbe conducir moto lineal con acompañante, vehículo ideal para asaltos. Esta fue una iniciativa del alcalde Luis Molina de Miraflores y un conjunto de alcaldes de Lima. En tanto la PNP debería realizar más actividad de control de motos. No basta un registro. ¡Sea ministro y no policía!
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
