El país está atravesado por una situación muy difícil e inimaginable. Y este panorama tan oscuro se debe a la actitud del Poder Ejecutivo con la finalidad de que no se le siga investigando al presidente Pedro Castillo, situación que da lugar a que en su momento hayan consignados hechos falsos en una sesión de Consejo de Ministros. Y digo que han consignado hechos falsos porque manifiestan que hubo una negativa fáctica de la cuestión de confianza, nada más falso por una razón muy sencilla: ellos (el Ejecutivo) acudió al Tribunal Constitucional a fin de que esta entidad emita un pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad de la ley que había dejado sin efecto esta negativa fáctica, de tal manera que si el Tribunal Constitucional -que es el máximo intérprete de nuestra Constitución – ya emitió un pronunciamiento sosteniendo que no existe esta negativa fáctica, la pregunta cae de madura: ¿por qué el Ejecutivo viene sosteniendo lo contrario? El TC ya dijo que la interpretación que da el Ejecutivo no es la correcta.
Por eso yo sostengo que aquí se ha incurrido en el delito de falsedad ideológica y la pena sería de hasta seis años de pena privativa de la libertad porque están consignado hechos falsos en un documento público, algo que no podemos permitir. No se puede admitir que se incurra en actos delictivos con la finalidad de evitar que Castillo sea investigado.
En segundo lugar, hay que hacer recordar a las Fuerzas Armadas y policiales que todos aquellos que participaron en el autogolpe de Alberto Fujimori fueron a partir del 2020 investigados y acusados por delito de desobediencia y delito del uso ilegal de armas. Esto está previsto en el código oficial militar. Se comete el delito de desobediencia cuando omiten cumplir sus funciones y la pena sería hasta de cinco años, mientras en el caso del uso ilegal de armas sería hasta de 10 años.
(*) Exdecano del Colegio de Abogados de Lima
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