En la lucha contra la corrupción y las inconductas de diversa índole, que en la anterior legislatura se ha ido desde un puñetazo o un jaloneo en el Pleno hasta un caso de abuso sexual, la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son fundamentales en el Congreso. Sin embargo, ambos grupos de trabajo tuvieron actuaciones que dejan mucho que desear. Conocidos los nuevos integrantes que ahora conforman ambas comisiones, no se puede esperar mucho, pero ojalá sorprendan con, por lo menos, un desempeño decoroso.
Las cifras alarman y no se puede evitar el pesimismo. Desde julio de 2021, cuando se instaló el Congreso, a julio de 2023, la Comisión de Ética analizó 119 denuncias, pero en solo 18 de ellas se emitieron informes que recomendaban sanciones. Y de estas, apenas 15 fueron aprobadas en la comisión. En cuatro casos se recomendaba una suspensión por 120 días, pero el Pleno sólo reconfirmó dos: las sanciones contra Freddy Díaz por violación sexual y Enrique Wong por tráfico de influencias.
Es decir, 117 denuncias contra “mochasueldos”, “niños”, etc., se quedaron en el camino y no terminaron en sanción, lo que demuestra que el “blindaje” fue moneda corriente, como lo reconoció la propia Karol Paredes, quien fue presidenta de la Comisión de Ética.
En cuanto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta la legislatura pasada hubo 84 denuncias contra congresistas y exparlamentarios, 110 contra ministros y exministros, 76 contra presidentes y exmandatarios, 76 contra fiscales y exfiscales de la Nación y 199 contra altos funcionarios. Muchos casos quedaron pendientes y entre los más controversiales están los que involucran, precisamente, a “mochasueldos” y “niños”.
Las tres principales funciones de los congresistas son representar, legislar y fiscalizar. Lamentablemente, la mayoría de los parlamentarios no cumple su trabajo a cabalidad, pues se sabe de varios que hicieron turismo en la llamada “semana de representación”, hay leyes que verdaderamente dan risa y, en cuanto a la fiscalización, parece ser el punto más flaco de la labor parlamentaria, pues las decisiones lamentables no se dan necesariamente por incompetencia o negligencia, sino por cuestiones que, precisamente, tienen que ver con la moral, con los principios éticos.
Esperamos que en esta legislatura cambien las cosas y se acaben los encubrimientos y apañamientos. A ver si sorprenden y nos demuestran que eso de “otorongo no come otorongo” es cosa del pasado. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
