En días recientes ha habido un cierto intercambio de palabras y/o comunicados entre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el Parlamento Nacional, pues aquel solicitó al Congreso de la República no abordar la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela presentada por cinco congresistas el 15 de marzo último por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, tales congresistas estarían en calidad de investigados en el caso de la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas por tráfico de influencias y organización criminal, en la cual plantean su inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública.
El fiscal general Villena habría precisado que su solicitud se enmarca en un acuerdo previo en la Junta de Fiscales Supremos, pues tanto él como el otro fiscal supremo, Pablo Sánchez, se encontrarían imposibilitados de asumir la investigación contra tales congresistas, ya que aquellos se encuentran en calidad de testigos, por lo que acordó solicitar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abstenerse de pronunciarse sobre tal denuncia constitucional debido a que estaba en trámite una tutela de derechos presentada por Benavides.
Sobre ello, cabe precisar que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa de Benavides, por lo que la fiscal suprema Delia Espinoza seguirá al frente de la investigación preliminar seguida a la suspendida fiscal Benavides Vargas y a un grupo de congresistas.
Pero ¿cómo fue posible que caiga la otrora poderosa fiscal de la Nación Benavides durante la época del gobierno del ex presidente de la República Pedro Castillo?
Y la respuesta está en los fiscales institucionales, los cuales estarían, según el punto de vista de algunos analistas, en una “guerra” dentro del Ministerio Público: Mas no se trata en realidad de ninguna “guerra”, sino un deslinde de posiciones, en donde hay que destacar la presencia de fiscales que sí son conscientes de su rol institucional; es decir, que no actúan bajo influencia o consigna político-partidaria alguna, y cuyos únicos límites de actuación vienen a ser la Ley y la Constitución Política del Estado.
La suspensión de la ex fiscal de la Nación precisamente se da en ese contexto, pues actualmente está en calidad de investigada por organización criminal y tráfico de influencias por favores mutuos entre Benavides Vargas y catorce actuales congresistas: archivos fiscales a cambio de votos congresales.
(*) Analista político
