El pasado 16 de mayo, el Ejecutivo promulgó la Ley N.º 31774, por el cual autorizó a los gobiernos locales y regionales la construcción de sedes judiciales, con la finalidad de optimizar los servicios de justicia.
Para la construcción de estas sedes, suscribirán con el Poder Judicial y el Ministerio Público, convenios y a título gratuito, sin que ello implique subordinación alguna a la administración de justicia.
Las obras serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales de los gobiernos locales y regionales, sin demandar recursos institucionales al tesoro público.
Debido al incremento de litigios hoy existe una mayor demanda de la carga procesal, que exige al Poder Judicial la ampliación de la cobertura del servicio en sus diversas especialidades y materias (civil, penal, familiar, laboral, constitucional y mixtos) en las tres instancias: Salas Superiores, Juzgados Especializados y Juzgados de Paz Letrado.
Para hacer frente a esta realidad, en los últimos nueve años se crearon nuevos órganos jurisdiccionales. Se pasó de 2 187 en el 2014 a 2 750 en el 2022. Lamentablemente, debido a la falta de recursos adecuados, estos órganos jurisdiccionales resultaron en una multiplicación de carencias, tanto de personal como de activos y de infraestructura para un servicio que satisfaga la demanda creciente.
La falta de recursos para inversiones de infraestructura originó un incremento en los gastos de alquileres, el cual se convirtió en la solución inmediata a la necesidad de oficinas para brindar el servicio de justicia.
Según el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso al Servicio de Justicia, elaborado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos del Poder Judicial el 2022, en el país existen 637 sedes judiciales, de los cuales el 24.6 % son de propiedad de la institución (157), encontrándose el 75.4 % de los inmuebles bajo una cesión temporal proveniente de otras instituciones públicas (169); y, en montos crecientes en los últimos 10 años, un número de locales que provienen de alquileres a particulares (311).
Datos del MEF revelan que los gastos por alquileres entre el 2010-2022 tuvieron un incremento sostenido promedio de 13 % en el presupuesto asignado. En el 2010 estos ascendían a S/ 13 129 610, y en el 2022 llegaron a S/ 56 140 586.
Para que el Poder Judicial pueda contar con más recursos que le permita incrementar la capacidad de atención oportuna al ciudadano y reducir la carga procesal existente, es necesario reducir los gastos de alquileres.
Con la Ley N.º 31774, esperamos que los gobiernos regionales y locales, cumpliendo su rol constitucional de contribuir al desarrollo integral de sus jurisdicciones, apoyen a las Cortes Superiores de Justicia del país en la construcción de más sedes judiciales en beneficio de los justiciables.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
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