El país fue sorprendido por un escándalo de proporciones cuando el lunes 8, el general de división José Vizcarra Álvarez, ex comandante general del Ejército, expresó públicamente las circunstancias en las que se produjo su sorpresivo relevo. Minutos después lo haría el teniente general FAP Jorge Chaparro Pinto, ex comandante general de la Fuerza Aérea, quien denunció, en forma similar, presiones del gobierno en los procesos de ascensos.
Ambos asumieron sus respectivas comandancias el pasado 4 de agosto y fueron pasados a retiro y relevados sin justificación ni motivo alguno los últimos días. Antes de evaluar estas decisiones, debemos recordar lo que dijo el presidente Pedro Castillo Terrones el 28 de julio pasado en el mensaje a la Nación con motivo de la toma de mando: “Reforzaremos la institucionalidad de la FF.AA. teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos”.
No obstante este auspicioso anuncio, las denuncias de los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea han revelado que el presidente Castillo, el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, han actuado dolosamente en sentido contrario a la política expresada por el presidente en sesión solemne del Congreso de la República. El ministro de Defensa, Walter Ayala, de quien siempre se dijo que no estaba calificado para el cargo por su desprestigiada hoja de vida, ha dado muestras de un comportamiento errático y explicaciones ridículas. El general FAP Chaparro afirma que Ayala le dijo “que no sabía nada”; o la infeliz frase machista dicha en conferencia de prensa: “Es como una mujer… como un matrimonio que han estado juntos y cuando se separan sacan cosas que no son”.
Ayala afirma haber puesto su cargo a disposición, cuando en realidad ha debido renunciar irrevocablemente, tal como lo exige la dignidad, concepto extraño a ese sujeto. No sé qué espera Pedro Castillo para aceptarla sin dar gracias a nombre de la Nación. Es más, el Congreso debe denunciar constitucionalmente por los delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal del cargo e inclusive de tráfico de influencias. Este libreto nefasto de gente incompetente se ha repetido desde Béjar, el impresentable Bellido y todo su gabinete incluido Maraví, Barranzuela y ahora Ayala, que confía quedarse en el cargo.
Todo este preámbulo, es para precisar algunas consideraciones que tienen que ver con el comportamiento presidencial. ¿Puede el presidente de la República asumir un compromiso solemne ante el Congreso de la República y hacer lo contrario a la política enunciada respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas? ¿Puede el presidente destituir sin expresión de causa a los comandantes generales en represalia por que no le hicieron caso, pese a que aseguró al general Vizcarra que aceptaría los ascensos como estaban propuestos, al no ascender a oficiales que no calificaban para el grado afectando severamente la institucionalidad de las Fuerzas Armadas?
Esta grave afectación parece constituir una escalada para copar los comandos militares con “gente de confianza”, leales al gobierno, que no es lo mismo que ser leales a la Nación; esa acción si la permitimos nos llevará a una dictadura como la venezolana.
El comportamiento antiético del presidente Castillo, trasgrediendo varios artículos de la Constitución, considero que configura el concepto de “Incapacidad moral permanente”, causal de vacancia presidencial.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
