Un informe de Cuarto Poder reveló que agentes policiales les pagaban a sus superiores para que los destaquen a comisarías ubicadas en la zona de frontera de Piura, donde se suelen cobrar cupos a los traficantes de oro, combustibles y medicinas. Este tipo de denuncias se da desde hace más de diez años, pero resulta alarmante que, pese a que ha pasado tanto tiempo y las reiteradas promesas de las autoridades para ponerles coto, estas tropelías aún sigan ocurriendo como si nada. Incluso ahora que uno de los aliados que tiene la delincuencia es la falta de policías.
Es decir, no tenemos suficientes policías y muchos de ellos, en vez de luchar contra las organizaciones criminales, más bien forman parte de ellas. Es decir, en la práctica son delincuentes y no policías.
Al conocerse las últimas denuncias sobre presuntos delitos cometidos por efectivos policiales, el inspector general de la PNP, Jhonny Veliz Noriega, dijo que los filtros para entrar a dicha institución “de repente no son los más adecuados”, por lo que propone que se mejore el proceso de admisión en las escuelas y también el de formación de nuevos agentes.
Eso es cierto, pero resulta que lo mismo han ofrecido autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior desde hace más de una década, pero sus palabras, como siempre, se las llevó el viento.
Para demostrarles que no exageramos, podemos mencionar algunos casos y con fechas. En julio del 2014, la unidad de investigación de un canal de televisión reveló que agentes de la División de Operaciones Tácticas Especiales (DIVOTE) vendían gasolina destinada a la institución. El 12 de julio del 2018 fueron detenidos 19 miembros de la banda delictiva “Los Paisas” de Talara, entre ellos cinco policías, que se dedicaban a robar y comercializar combustible en Piura. Y el 20 de diciembre del 2021, seis policías y 23 civiles, presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Sangre”, quienes extorsionaban a empresarios, fueron detenidos en una operación dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, en Chimbote (Áncash).
Son muchos más los casos de policías corruptos y ladrones que fueron detenidos, pero pocos terminaron en la cárcel. Ahora se sabe que en la frontera norte los policías pagaban entre 500 y 2,500 soles para que los trasladen a comisarías de lugares fronterizos donde impera el tráfico ilegal de combustible, oro y hasta armas, para poder llenarse los bolsillos cobrando cupos. ¿Este caso también se pasará por agua tibia? El ministro del Interior tiene la palabra. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
