El flamante Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, elegido por un Congreso de la República con una altísima desaprobación social, aparte de ser Bachiller en Derecho y Abogado por la Universidad Privada de Huánuco, no tendría ninguna investigación jurídica (ni artículos ni libros), como tampoco ningún estudio en derechos humanos.
Pese a que el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Ley N° 26520) establecen que además de haber cumplido los treinta y cinco (35) años de edad y ser abogado de profesión, también debe gozar de una conocida reputación de integridad e independencia, fue designado por el Congreso Gutiérrez Cóndor, en cuya hoja de vida se aprecia que fue congresista de la República por Huánuco durante el periodo 2011-2016, e incluso consejero regional de Huánuco entre los periodos 2007 y 2010; esto es, había ejercido actividad política partidaria con cargo estatal desde el 2007: no había sido independiente del poder político, pues fue electo congresista el 2011 por el partido que llegó a ser gobierno ejecutivo (La coalición electoral “Gana Perú”, liderada por el Partido nacionalista peruano).
Y no solamente eso, ya que el flamante Defensor del Pueblo fue elegido sin ningún debate parlamentario en el Pleno congresal. El parlar brilló por su ausencia en el Parlamento.
El nuevo Defensor del Pueblo fue elegido con 88 votos, teniendo entre sus principales votantes a los partidos de Fuerza Popular (23 votos de un total de 23 congresistas), Perú Libre (14 votos de un total de 16 congresistas), y Acción Popular (14 votos de un total de 14 congresistas).
Los extremos político-partidarios se unieron, como son claramente el fujimorismo de Fuerza Popular y el cerronismo de Perú Libre. Se unieron, tal como lo hicieron para la designación de seis miembros del Tribunal Constitucional. El fujicerronismo habría confirmado, en consecuencia, su existencia
Pero en política los extremos no se deben encontrar al ritmo de los intereses de los caudillos de los partidos políticos, sino por los intereses generales de la nación. Caso contrario, estaríamos ante una desvirtuación de la democracia, ante una tiranía de los representantes.
Por ese motivo urge instaurar la revocatoria de los mandatos de congresistas y presidentes de la República, para de ese modo cerrar toda posibilidad de éxito a la tiranía de los representantes.
(*) Analista político
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