Palacio de Gobierno: sede del Ejecutivo o de una red delictiva

Desde su creación como sede institucional del poder ejecutivo del Perú, el Palacio de Gobierno ha pasado por golpes de estado, transmisiones democráticas o la ocupación del invasor en 1881; y durante nuestra época republicana ha sido transformado en tres oportunidades siendo la de 1938 la que hasta hoy se mantiene.

Durante los primeros años de independencia sufrió un incendio, se perdieron algunos documentos coloniales y obras de arte pero sin que afecte su normal funcionamiento, después de la guerra contra Chile, lo que se llamó el Palacio de los Virreyes sufrió su primera modificación y su fachada cambió hasta la segunda década del siglo XX, donde otro incendio destruyó una parte del recinto en momentos en que se iba a celebrar el centenario de nuestra independencia, y se encargó de su construcción a los arquitectos Claude Sahut Laurent y después a Ricardo Jaxa Malachowski quien lo culminó.

Desde 1938 y durante todo el siglo XX el recinto gubernamental no ha sido allanado por actos delictivos, tampoco en sus instalaciones se ha pretendido siquiera buscar personas comprometidas en actos de corrupción o se tenga la sospecha de encubrimiento. Recién en las diligencias del caso Odebrecht el presidente Pedro Pablo Kuczynski aceptó que la procuraduría le tomara declaraciones por asuntos realizados en su gestión como primer ministro durante la administración de Alejandro Toledo.

Pero en la actual gestión gubernamental el Palacio de Gobierno ha sido allanado hasta en cuatro oportunidades; la primera de ellas fue el 19 de noviembre de 2021, que en diligencia preliminar se investigaba a Bruno Pacheco por delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. Esta intervención hubiese pasado desapercibida, pero el hallazgo de 20 mil dólares en el baño del investigado, encendió las alarmas.

La segunda oportunidad ya en el presente año, ocurrió el 11 de febrero por el caso Petroperú y las contrataciones con el empresario Samir Abudayeh, siguiéndose aún las pesquisas. Pero en el tercer allanamiento que ocurre el 9 de agosto, la Fiscalía va en busca de Yenifer Paredes, la cuñada del presidente para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción, pero no se la halló, impidiéndose la labor del Ministerio Público. El gobierno aprovecha y se desquita contra el jefe del operativo: el policía Harvey Colchado, pidiendo su baja inmediata. Días después el abogado del presidente -y no un funcionario público- dijo que no se entregarían los videos porque en ellos “habría secretos de Estado”. Un juez de apellido Justiniano niega a la fiscalía el acceso a las cámaras de video vigilancia, apelándose la decisión. Y en el interregno La Casa Militar de Palacio de Gobierno aseguró que se perdió la información de tres cámaras, que justamente coincidían por donde había fugado la investigada.

El 16 de setiembre último, se hizo un nuevo allanamiento a la Casa de Gobierno, la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia autorizó a la Fiscalía a obtener las cámaras de vigilancia para obtener la información que se necesita y con eso determinar si la cuñada del presidente fue encubierta.

Nunca en la historia de las administraciones presidenciales habían ocurrido allanamientos de esta naturaleza; nunca antes con toda evidencia se ha permitido que se obstruya a la justicia con argumentos tan básicos para cubrir al entorno de aquellos que habitan Palacio de Gobierno.

¿Con que otras acciones el gobierno nos hará recordar nuestro bicentenario?

(*) Abogado y excongresista

(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.