Matar o morir no es el nombre de una novela de guerra, sino, más bien, la única alternativa que le queda al Congreso de la República para sobrevivir hasta julio de 2026, sin el riesgo que el poder ejecutivo los devore disolviéndolo inconstitucionalmente. La semana pasada el gobierno de manera dolosa interpretó que el rechazo preliminar de la mesa directiva del Parlamento por improcedencia de la cuestión de confianza presentada por el ex primer ministro Aníbal Torres constituía una “denegatoria fáctica” de la misma que intentaba derogar una ley aprobada por el Congreso y ratificada por el propio Tribunal Constitucional que regula precisamente la cuestión de confianza solicitada por el poder ejecutivo.
El Congreso entendió, con toda razón, que dicha cuestión de confianza invadía fueros del Poder Legislativo, y que no se podía presentar sobre temas que son atribuciones exclusivas y excluyentes de este poder del estado. Por eso no se debatió en el Congreso, y como es obvio tampoco se votó la misma. Simplemente se rechazó declarándose improcedente de plano. Ante ello, en una jugarreta mal habida del régimen castillista, y que consta en las actas del Consejo de ministros, se declaró que se había negado la cuestión de confianza, pasando a renunciar al cargo el premier Torres y ante la pseuda “crisis ministerial”, todos los ministros, conformándose un nuevo gabinete presidido por la señora Betsy Chávez. Está claro que todos los ministros firmantes han cometido infracción a la Constitución además de perpetrar algunos delitos como falsedad ideológica y contra el orden constitucional, debiéndosele sancionar a través del Parlamento de la República.
Es notorio que la jugada del gobierno es interpretar que el Parlamento gastó su “primera bala de plata” y que a la segunda denegatoria de confianza, disolverán inconstitucionalmente el Congreso para luego convocar a una Asamblea Constituyente (que además es parte central del plan de gobierno del partido Perú Libre con que llevaron a Pedro Castillo a ganar las elecciones presidenciales) La única ministra que actuó con prudencia fue la vicepresidente Dina Boluarte, quien no firmó el acta del Consejo de ministros, además de retirarse del gabinete y del propio ejecutivo.
Estando así el panorama, nos parece saludable que la oposición parlamentaria haya presentado un nuevo pedido de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo. Ya no solo se trata de salvar al país de la peste gubernamental que lidera el inefable señor presidente, sino de un asunto de sobrevivencia institucional y de mantener el equilibrio de poderes es un estado constitucional y social de derecho. Si el Parlamento no vaca a Pedro Castillo activando el mecanismo de la sucesión constitucional con un nuevo gobierno de ancha base, indefectiblemente va a ser devorado por este mafioso y ruin régimen. En otras palabras, se trata de matar o morir. O vacan al jefe de estado, o este, vulnerando el orden constitucional disolverá el Congreso para gobernar a sus anchas y sin frenos. Esperemos que esta vez sus propios correligionarios entiendan que el grave problema en que estamos los peruanos es de supervivencia y conservación.
(*) Ex Vicepresidente de la República
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