Este modelo gestado en la Constitución de 1979 y acomodado en el texto de 1993, expone una compleja organización económica que congrega el ejercicio pleno y conjunto de las libertades económicas y demás conexas a ellas, los derechos laborales, los derechos de los consumidores y usuarios, con la responsabilidad estatal de asegurar el desarrollo social de la población.
En ese modelo, el papel del Estado consiste en promover el acceso y el normal funcionamiento del mercado; corregir los efectos que se ciernen sobre el bienestar general, mediante intervenciones activas en favor de la redistribución, la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia.
La economía social de mercado expone un régimen jurídico de descentralización de las decisiones e independencia de los agentes económicos frente al Estado; el cual está destinado a asegurar la existencia de plena libertad para participar en la actividad económica y la libre competencia para ofertar y demandar la provisión y suministro de bienes y servicios al público en general; generar un espacio de bienestar general y solidaridad; así como afirmar la noción de justicia en las relaciones derivadas del mercado. La economía social de mercado aspira a concretizar materialmente el respeto a los derechos de naturaleza autodeterminativa y a la propiedad en el ámbito económico; abastecimiento óptimo y compatible con la salud y seguridad de los consumidores y usuarios de los bienes y servicios puestos a su consideración;¸oferta laboral amplia y con condiciones humanas de trabajo; uso sostenible de los recursos naturales; responsabilidad social; distribución equitativa del ingreso y defensa estatal del bienestar general.
Así, mediante acciones equitativas y redistributivas el Estado promueve el mejoramiento de las condiciones de vida, de aquellos sectores sociales que se encuentran excluidos del disfrute de los aspectos materiales básicos que trae el crecimiento y el progreso económico. Al plantearse un modelo centrado en la dignidad del ser humano y de procura del bienestar social, se hace indispensable la armonización de las políticas económicas con las políticas sociales.
Planteado como una alternativa a las practicas del capitalismo salvaje y al régimen económico estatalista, demanda un compromiso conjunto entre los agentes del mercado, los trabajadores y el Estado para la consecución de una economía eficiente, eficaz y al servicio del bien común de manera veraz y plenaria.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
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