Hay una serie de elementos que atentan contra el ornato de nuestras ciudades como también de las carreteras, a lo que han contribuido los municipios al dar licencias a abusivo número de carteles, letreros y otros anuncios comerciales, con la finalidad de obtener más recaudación y sin advertir que en el caso señalado de los avisos, se pone en peligro a los conductores de los vehículos que por estar viendo los anuncios se disipan y, por ello hay veces que colisionan con otros vehículos o atropellan a peatones, ciclistas y hasta motociclistas.
Pero la contaminación visual no se agota en los aludidos letreros, sino que también existen por doquier tachos y bolsas de basura, que en lugar de ser colocados en los horarios establecidos por la autoridad municipal, lo hacen muchas veces con demasiada anticipación. A lo expuesto también se agrega los vehículos inutilizables e inservibles que se dejan en las calles, que no solamente afean las ciudades sino que dificultan el tránsito de otros vehículos.
Muchas veces vehículos siniestrados están frente a las comisarías y autoridades de tránsito no solo varios días, sino semanas y hasta meses, en lugar de ser trasladados a los depósitos oficiales instalados con dicha finalidad. Existen familias que creen que las azoteas de sus viviendas son para depositar cuanta cosa inservible tienen en sus domicilios, lo que desde los edificios aledaños se pueden observar, siendo otra forma de contaminación visual. Otras familias no han enlucido las paredes exteriores de las viviendas, aunque ello es comprensible por la carencia de recursos en que hay que priorizar cosas distintas y quizás hasta esenciales.
El colmo de los colmos, son los cables de electricidad y de telefonía, que se cruzan por doquier y que cuando caen en desuso o están deteriorados, no son retirados ni por las concesionarias de tales servicios ni de los proveedores de las instalaciones, que se convierten en una maraña insufrible que parecen telarañas gigantescas.
En el caso de los cables, la cosa se vuelve muchísimo más grave, puesto que además de ser un atentado contra el ornato y constituir contaminación visual, es un enorme peligro para la vida e integridad de las personas que podrían perecer por descarga eléctrica, la que asimismo podría generar incendios con tremendos daños materiales.
Una buena noticia ante todo lo antes señalado, es la reciente dación de la Ley N° 31595 que, para ayudar frente a la contaminación ambiental de los cables mencionados en esta columna, ha dado un plazo de dos años para que sean retirados, sin que ello signifique aumento de tarifas a los usuarios.
Sin embargo, lo último narrado es insuficiente puesto que, para nuevas lotizaciones, urbanizaciones y desarrollos urbanos, debería disponerse que las conexiones y cableado de telefonía y de electricidad, fuesen subterráneos.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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