En los últimos días, el Ejecutivo ha aparecido en diferentes medios de comunicación diciendo que el pedido del Poder Judicial para contar con un presupuesto digno que le garantice independencia es inviable, y ha centrado su crítica en el tema remunerativo. Sin embargo, no ha dicho nada sobre las condiciones precarias en las que este poder del Estado trabaja diariamente.
En el Poder Judicial existen más de 3 millones de expedientes en trámite, de los cuales el principal demandado es el Estado. Atender esta carga genera a la institución un costo. Solo como ejemplo, en la Corte Suprema se tuvieron que crear diversas Salas Constitucionales y Sociales para atender estos reclamos.
Lamentablemente, debido a la falta de recursos adecuados, estas Salas resultaron en una multiplicación de carencias, tanto de personal como de activos y de infraestructura para un servicio que satisfaga la demanda creciente. La falta de recursos para inversiones de infraestructura, por ejemplo, originó un incremento en los gastos de alquileres, el cual se convirtió en la solución inmediata a la necesidad de oficinas para brindar el servicio de justicia.
En Perú existen 637 locales judiciales, de los cuales 311 se encuentran en condición de alquiler. Según datos del MEF, hasta el 2022 el Poder Judicial gastaba 56 millones de soles en el alquiler de locales. Una cifra bastante alta que podría ser utilizada para la creación de órganos jurisdiccionales, contratar más personal, así como cerrar brechas de infraestructura y tecnológica, que permitan brindar un mejor servicio al justiciable, pero que no se hace por la negativa del poder político.
El Ejecutivo en un comunicado ha señalado que el presupuesto del Poder Judicial se viene incrementando año a año, y que en los últimos ocho años se ha aumentado en un promedio de 213 millones de soles. Sin embargo, la verdad es otra. En el 2021, el presupuesto del Poder Judicial representaba el 1.67 % del presupuesto general de la república. Un año después bajó a 1.58 % y este 2023 cierra con 1.51 %.
De manera tendenciosa y malévola se busca resaltar el tema remunerativo para enfrentar al Poder Judicial con la sociedad. Habría que recordarle al ministro de Economía que el Poder Judicial es un poder del Estado, y que un presupuesto exiguo e irreal atenta contra el principio de división de poderes, mellando su autonomía e independencia reconocidos en el diseño constitucional, que es el pacto social de los peruanos.
Si queremos mejorar la administración de justicia y, por ende, luchar contra la criminalidad, se necesitan recursos. El deber del Ejecutivo es otorgar al Poder Judicial un presupuesto adecuado que le permita mejorar su trabajo.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
