No es mi costumbre utilizar la columna de opinión para referirme a temas en que estoy involucrado, pero en este caso haré una excepción, pues es tan absurda la acusación impulsada por la Fiscal de la Nación contra el expresidente Merino, el primer ministro y su ministro del Interior, que ameritan me ocupe de ella.
Merino asumió la Presidencia de la República, simplemente para cumplir una obligación constitucional, ya que, ante la vacancia de Vizcarra, por línea de sucesión, ello le correspondía, al igual como cuando Sagasti lo sustituyó en el cargo ante su renuncia.
El autor de esta nota y Gastón Rodríguez, aceptaron la invitación de Merino para presidir e integrar el Gabinete, por deber cívico y no para tener una línea más en sus hojas de vida, ya que ambos habían sido ministros con anterioridad y por su experiencia fueron convocados y su aceptación era por breves meses hasta que se realizaran las elecciones generales ya convocadas y confirmadas por Decreto Supremo dispuesto por Merino y refrendado por quien escribe.
Hubo marchas en contra del gobierno transitorio, en un inicio pacíficas, pero se fueron violentando por la instigación de actores conocidos y de infiltrados que agredieron a los policías, destruyeron obra pública y privada, destrozaron patrulleros y motocicletas de la PNP y encima pretendían llegar al Congreso con torvos propósitos.
Los agresores emplearon armas y municiones hechizas, que no son las que utiliza la Policía y, en mochilas llevaban piedras que arrojaban a la Policía, que tuvo a decenas de heridos. Aún lamentamos el deceso de dos manifestantes por obra de terceros.
La Fiscal de la Nación, en este caso rapidísima, inició proceso investigatorio contra los tres ex altos funcionarios mencionados, por supuestamente tener responsabilidad en las órdenes impartidas a la Policía por uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas del orden. Como no podían probar tal supuesto, porque era falso, los acusaron constitucionalmente por no haber impedido los decesos y las lesiones a manifestantes civiles, como si los tres denunciados tuviesen la obligación de garantizar la vida e integridad de los manifestantes, craso error de la Fiscal, cuyos diplomados seguramente no eran de la necesaria calidad para distinguir donde hay obligación de garante de donde no la hay.
Peor aún, repite como sonsonete que existe derecho a la protesta, aunque escondiendo que ella tiene que ser pacífica y sin armas y, en el caso de las manifestaciones de noviembre del 2020, ellas contravinieron la Constitución pues había declaración de emergencia nacional, con suspensión de los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Además, había declaración de emergencia sanitaria con toque de queda, distanciamiento social y utilización de mascarillas, todo ello decretado desde antes que asumiera Merino la conducción del país.
De prosperar la tesis de la tan diplomada Fiscal, tendría que interponer denuncia penal por todos los hechos de sangre ocurridos en los últimos 20 años que no han prescrito y por los que en el futuro sucedan. Insistimos, el absurdo de los absurdos, pero así es la actitud farisea y selectiva de la señora Fiscal.
(*) Ex congresista de la República
(*) Ex presidente del Consejo de Ministros
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