En el Perú, ha crecido en forma exponencial la supra-regulación sobre el funcionamiento de los partidos políticos. De manera superlativa se han insertado regulatoria y punitivamente, normas que han penetrado y socavado la autonomía y la independencia partidaria, impidiéndoles escoger a los mejores candidatos.
Producto de este desorden, se han infiltrado en las listas electorales parlamentarias, elementos prosubversivos, oportunistas desleales que por monedas venden su posición política al gobernante de turno y sujetos financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, exentos de toda ética y moral, capaces de “mochar” rastrera y grupalmente sin remordimiento alguno, el sueldo de sus trabajadores.
El sesgo de la taxativa intervención estatal hacia una regulación progresiva y profunda de los partidos sin análisis ni estudio, no sólo es peligrosa, sino mortal. Es la moda socialistoide a controlarlo todo. Tanto así, que los partidos se empiezan a convertir en agrupaciones temerosas dirigidas administrativa y dictatorialmente por las instancias electorales que son las que definen cualquier modelo de participación política excluyendo del tablero a quien sea.
Hay que señalar que las reformas políticas peruanas no son transformadoras. Son diseñadas apresuradamente por teóricos de salón que nunca han militado en partidos y que calcan patrones electorales oenegeros zurdos de otros países, financiados suculentamente por dólares de la Agenda 2030.
El peligro de la “estatización” de los partidos políticos es latente, donde los organismos electorales son las omnipotentes instancias controladoras, convirtiéndose en el nuevo “gran poder”, decidiendo quien va y quién no. Ramírez del Villar, argumentaba que la mejor ley de partidos políticos es la que no existe, y tenía gran razón. Los partidos políticos peruanos del siglo XXI, con cero liderazgo, ahora son genuflexos y silenciosos agentes políticos con escasa posibilidad de apelación ante un abusivo ente electoral, fiscalizador, interventor, todopoderoso, y tiránico como el JNE.
Por ello, la gran reforma política debe darse con pericia jurídica electoral político partidaria y conocimiento científico constitucional con participación plena y sin procedimientos experimentales. Ahora, la pregunta es: ¿quién regularizará a los regularizadores? ¿quién ausculta a un sujeto como Salas Arenas?
Todos los congresos han refrendado leyes insanas para la salud electoral peruana por el miedo económico-laboral de sus inquilinos precarios bajo un presunto cierre del Parlamento. ¿Pero, se ha legislado acaso algo acerca del transfuguismo político de organizaciones criminales que venden sus votos para evitar vacancias presidenciales por puestos y licitaciones estatales? Lo punible aquí, constitucionalmente, es el transfuguismo corruptor, traidor, sobornable y vendepatria. Por ello, es vital proscribir y desalentar desde la postulación, a esta sociedad congresal lumpen partidaria autodenominada “Los niños” Perfeccionar la ley, distinguir inmorales, filtrar escoria para impedir su acceso al parlamento y dejar de lado la penetración izquierdista electoral es impostergable y democrática tarea de los que queremos cambio real en la nación.
(*) Analista político
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