Indefectiblemente el Congreso de la República tendrá que pronunciarse en torno al pedido de adelanto de elecciones, iniciativa que en algunos casos provienen desde el propio interior del Parlamento, en otro por iniciativa del Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente por un reclamo del país.
Frente a todo ello, a mi criterio existen tres opciones: la primera y más apropiada implicaría adelantar las elecciones de la manera más breve posible y con ello el recorte de los periodos presidencial y congresal respectivamente. El inconveniente aquí es claro porque competirían los mismos actores políticos que son partícipes de la actual crisis que vive el país, incluidas las autoridades electorales.
El segundo escenario es el de promover un adelanto de elecciones dando un plazo razonable para que en ese lapso puedan llevarse a cabo algunas específicas reformas de carácter constitucional legal y administrativo que permitan generar un grado mayor de gobernabilidad y, por cierto, un mayor grado de participación ciudadana.
La tercera opción es ceder al chantaje de un sector del Congreso de llevar a cabo una Asamblea Constituyente que no sería más que una coartada para justificar el fracaso gubernamental de Castillo y sus huestes y, sobre todo, invitar a la población a consumir ese terokal político de considerar que una Constitución cambia por sí sola la realidad. Y la realidad indica que el fracaso que hoy vivimos es producto de la incompetencia, la falta de idoneidad, la ausencia de cuadros y, sobre todo, la corrupción de quienes se auparon al poder engañando a la ciudadanía.
Pero hay una cuarta opción que es simplemente quedarse para seguir cobrando los sueldos congresales hasta el 2026, opción que está descartada porque evidentemente es contraria al sentimiento nacional y sería ahondar en términos incalculables la crisis política.
Sea cual fuere la decisión que se adopte, el Congreso deberá tomar en consideración que parte del problema también son los actores administrativos (no solo los actores políticos), en este caso el lema “Que se vayan todos” incluye a los miembros del sistema electoral a los cuales también se les debería recortar el mandato.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
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