“Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar un inocente”, decía el jurista romano Domicio Ulpiano (200 a. C.). Es un precepto del derecho romano venido a menos en un largo periodo de la historia, principalmente en la Santa Inquisición, pero volvió a aparecer en el siglo XX en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976). En el Perú está plenamente reconocido por la ley. Por eso, unas declaraciones dadas por la fiscal Marita Barreto en una entrevista han sacado de sus casillas a juristas, estudiantes de derecho y quienes conocen algo de leyes.
Cuando se refería al caso del presidente Pedro Castillo y su entorno familiar y amical, la jefa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder expresó textualmente lo siguiente: “Acá tenemos que ser objetivos, si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes (…)”. Esa premisa causó sorpresa porque contradice el derecho de toda persona a la presunción de inocencia establecido de manera expresa en la Constitución Política del Perú.
Se trata de un derecho de reconocimiento incluso en organismos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos, que sostiene que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Asimismo, por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que establece que “se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable”.
Como decíamos ayer, en el caso de Castillo hay sospechas que se han convertido en indicios y ameritan una investigación, pero esta tiene que ser objetiva e imparcial, sin manchas ni turbideces. Quienes defienden al presidente argumentan que se está produciendo un lawfare, como se le denomina a la guerra jurídica, con argumentos magnificados y falsos, contra un gobernante. Castillo está acorralado por el Ministerio Público, el Congreso y el poder mediático, cuyo objetivo, según quienes defienden al Gobierno, es la vacancia a cualquier precio.
Si todo está en regla, no se debe dar pie a estas conjeturas con declaraciones como las de la mencionada fiscal. Y si de veras hay un lawfare, las autoridades honestas están llamadas a denunciarlo. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
