El asesinato de 6 miembros de una familia en San Miguel es como la punta del iceberg de un problema de larga data, el cada vez más alarmante incremento de la delincuencia y, además, una clara muestra de la deficiente labor de los últimos gobiernos en materia de seguridad ciudadana. No solo del actual régimen, que prácticamente está atado de manos, pues la delincuencia rebasó a todos los anteriores. La extorsión y el sicariato, que más de las veces resultan concomitantes, son modalidades que perjudican el desarrollo económico no solo de las víctimas, sino también del país en general, pero a las autoridades parece no preocuparles.
Porque ahora no solo extorsionan a empresas constructoras y a grandes negocios, sino también al dueño de la bodeguita de la esquina, a mototaxistas, a choferes de combis, a ambulantes y a emprendedores que luchan por salir adelante. Ayer, por ejemplo, asesinaron a un mototaxista dentro de su vehículo en la zona de Huaycán. Como dicen, “le mandaron la moto”. Pero como Ate no es Miraflores y una mototaxi no es un carro de lujo, para la prensa no es noticia. Muchas personas extorsionadas renuncian a sus emprendimientos para no pagar los cupos que les exigen o se quedan sin nada porque los delincuentes les vuelvan a dinamitazos sus pequeños locales que construyeron con mucho esfuerzo. Y, en el peor de los casos, ellos o algún miembro de sus familias terminan muertos porque los extorsionadores contrataron sicarios para aplicar su ley.
Desde hace muchos años se viene planteando tomar mayor atención al problema de la extorsión y el sicariato, reforzar los equipos de inteligencia y crear una dirección especializada para que investigue, les siga la pista y dé con estas organizaciones criminales, pero las propuestas caen en saco roto. Aunque la inestabilidad política, que motiva el cambio de ministros del Interior, directores de la Policía y otras autoridades a cada rato, al menos en estos últimos años, impide que se organicen, planifiquen y realicen sus actividades de investigación y operativas como corresponde.
No es que seamos xenofóbicos ni que pretendamos discriminar a alguien, pero un alto porcentaje de los miembros de estas organizaciones criminales son ciudadanos extranjeros. Una de estas bandas es conocida como “El Tren de Aragua” y viene de Venezuela, otra es la de “Los Maras Salvatrucha” y procede de El Salvador. Ahí ya hay dos pistas. De una vez por todas las autoridades deben poner mano dura y cerebro en ristre para acabar con estas lacras que tanto derramamiento de sangre están causando. Poque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
