“Toma de Lima no tiene base social ni jurídica”

• García Toma señala que los promotores de la “Toma de Lima” se fundamentan en las teorías del racismo, de la división y enfrentamiento entre peruanos.

POR: ENRIQUE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, advirtió que la tercera “Toma de Lima” no será una marcha pacífica, por lo que hizo un llamado a la Policía a actuar dentro de sus atribuciones establecidas en la Constitución para salvaguardar el orden y, sobre todo, la integridad de los ciudadanos que no participen en la movilización.

Para el 19 de julio se ha convocado a la tercera “Toma de Lima”.

Hay un grupo de personas que no tiene principios democráticos, que pregona la violencia, que se regocija en estas teorías del racismo, de la división y enfrentamiento entre peruanos, incluso están de acuerdo con que Puno se aparte del Estado peruano; pero si vemos sus reclamos nos damos cuenta de que ninguno tiene una base social y jurídica, es enteramente subversivo. El solo hecho de llamar “Toma de Lima” estamos hablando de una acción de carácter beligerante y no es ingenuo pensar que estas marchas no serán pacíficas. Esperamos que la Policía esté a la altura de sus responsabilidades, y sepa salvaguardar no solo el orden público, sino cuidar la vida e integridad de los que no participan en estos actos. El derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, pero lo que no se puede permitir es que, utilizando la protesta, se genere actos de violencia. No se le puede pedir a la Policía que asuma la filosofía de paz y amor cuando les lanzan piedras, bombas molotov, o atacan con armas hechizas. En la última manifestación hubo más de 500 policías heridos, y a la Policía se le pide una inmolación cívica, es decir, tienes la autoridad, pero no puedes ejercerla porque si la ejerces estás violentando los derechos del violentista.

Hay algunos parlamentarios que utilizan su cargo para fomentar estas protestas.

Son parlamentarios que no merecen ningún tipo de respeto porque anteponen sus intereses personales ante la necesidad de sostener la democracia. Le sacan provecho a esta queja y se dan unos circuitos turísticos por toda Europa para mentir sobre la realidad del país.

¿Cuál es su opinión sobre la elección del defensor del Pueblo?

No es una situación anómala que las bancadas lleguen a un acuerdo político para elegir a una persona en particular, pero este acuerdo tiene que sustentarse en que la persona reúna ciertos requisitos de carácter profesional y ético, que parece no ser el caso del señor Josué Gutiérrez. No nos hacemos muchas ilusiones, pero hay que darle el beneficio de la duda, porque se trata de una institución importante para el país y la defensa de los derechos fundamentales.

Por la cercanía de Gutiérrez con Vladimir Cerrón, ¿cree que puede haber existido una injerencia o conflicto de intereses en su designación?

El problema que puede presentarse es que en todo el país existen defensorías regionales, y pudiera existir la sensación de que estas pudieran ser asignadas como una cuota política a favor de Perú Libre, lo que sería un grave daño a la institución.

¿Cuál es su opinión como ciudadano sobre la bicameralidad?

El sistema bicameral ha cumplido un papel importante en la vida democrática del país al permitir balancear la precipitación, la desmesura legislativa. Los parlamentos son instituciones fundamentales para la existencia de la democracia, y más que criticarlo deberíamos preocuparnos en mejorar su estructura orgánica, y procurar que, a través de reformas electorales o en los sistemas de los partidos políticos, podamos tener mejores representantes. Al tener dos cámaras, se va a mejorar la labor de los representantes del Parlamento. La bicameralidad permitirá que al menos una de las cámaras esté integrada por personas que han logrado trascender al ámbito de lo público. Para ser elegidos se requiere una importante votación local, porque ahora tenemos congresistas electos con 2 mil o 3 mil votos. En segundo lugar, estamos hablando de una cámara de revisión para ver si lo que se hizo es constitucional, apunta a la gobernabilidad, y no como tantas normas declarativas que se declaran de interés público o nacional, pero eso no tiene ningún efecto práctico; y si a eso agregamos que el Senado puede ser una garantía cuando la Cámara de Diputados, por estar vinculada al Ejecutivo, termina siendo cautiva o cierva del Poder Ejecutivo, lo que genera concentración de poder, creo con esos solos elementos se justifica su implantación.

Algunos congresistas insisten en que Dina Boluarte está usurpando la presidencia.

Hay que recordarles que fue el Parlamento el que declaró la vacancia por incapacidad moral de Pedro Castillo. Es el Congreso que, en aplicación de la regla de sucesión establecida en la Constitución, le dio el título de legalidad para que Dina Boluarte se convierta en presidenta.

NO CREE EN LA PENA DE MUERTE

Algunos parlamentarios sugieren el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitir la pena de muertes en los casos de delitos extremos.

No creo que la pena de muerte sea un elemento disuasivo para enfrentar la creciente ola de violencia. La presidenta Boluarte debe implementar planes de acción con la participación de los gobiernos regionales, locales, y la sociedad, pero lo fundamental es la reestructuración de la Policía para que pueda enfrentar de manera eficaz este problema.