A usted, estimado lector, ¿no le despierta curiosidad que últimamente la coyuntura “política” nacional esté sobresaturada de asuntos judiciales? ¿No se ha preguntado por qué temas políticos como la economía, la inseguridad ciudadana, el deterioro de la salud y la educación, el abandono del agro, han sido desplazados por denuncias, investigaciones y resoluciones que protagonizan policías, fiscales y jueces?
O, si es normal, que en las democracias la agenda política se convierta en un parte judicial, tan rápida y persistentemente. Indudablemente, la respuesta será negativa. Es una grave anomalía que las cuestiones jurídicas o penales terminen ensordeciendo al debate político, propio de las democracias en serio.
El principio de separación de poderes que informa al Estado Constitucional de Derecho, ubica a lo judicial en la tarea de aplicar la ley a una situación concreta. Y, en esa medida, “dicta justicia” (jurisdictio). En ningún caso los jueces o fiscales reemplazan a los actores políticos (Gobierno, Congreso), quienes deliberan y deciden de cara a la opinión pública, en tanto representan a la Nación y expresan su voluntad.
El titular indiscutido de la soberanía en toda democracia (poder del pueblo). Lamentablemente, en el Perú nos estamos alejando del régimen democrático y paulatinamente viene emergiendo una juristocracia, el gobierno de los jueces. Porque “conocen el derecho”, a pesar de que no han sido elegidos popularmente ni rinden cuentas ante nadie (fallos de conciencia).
Ya no sería el pueblo mediante sus representantes, en el espacio público, los que toman decisiones fundamentales (las leyes). Más bien, serían estos personajes dotados de una “ciencia infusa”, los que como los antiguos sacerdotes de los oráculos descifran los arcanos de la política.
Y su parecer –uno o un colegiado– deviene en una verdad incontestable, que puede imponerse a la voluntad de la ciudadanía (el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia, por ejemplo). Pero no se crea que la juristocracia abarca sólo asuntos de conciencia, como los mencionados. Pretende sobre todo decidir sobre los ámbitos del poder político.
En efecto, a través de sentencias pretende que el Parlamento no elija a los miembros del Tribunal Constitucional ni al Defensor del Pueblo. O, peor, impide que legisle sobre la autonomía universitaria para Sunedu; o que desconozca lo decidido por los juicios políticos (JNJ), que únicamente le competen al Congreso de la República y a nadie más.
El que los jueces decidan en última instancia sobre estos asuntos, implica que el Judicial es el primer Poder del Estado; por encima del Gobierno y del Parlamento. Entonces, “judicializar la política” no es sólo una extravagancia. Es el trastrocamiento total del sistema de poder en una democracia. La destrucción de la República, como añoraban los terroristas, pero por otros medios.
(*) Abogado constitucionalista.
