Si los actuales congresistas de la República deciden remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una causa no prevista en la ley ni en la Constitución estarían cometiendo una infracción constitucional a nivel jurídico, de entidad suficiente como para ser apartados del cargo, y a nivel político estarían cometiendo un golpe de Estado contra un organismo autónomo constitucional, como es la JNJ, con el agravante de que más de diez congresistas se encontrarían investigados por haber presuntamente incurrido en tráfico de influencias con la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, a cambio del archivo de sus investigaciones fiscales por sus votos congresales para precisamente remover a los miembros de la JNJ que la investiga por varios hechos de inconducta funcional.
Queda claro que si los actuales parlamentarios, que acaban de aprobar la reinstauración del Senado sin consultarle a la población, deciden por mayoría destituir o remover a los integrantes de la JNJ rompen con la institucionalidad democrática al más alto nivel, pues los miembros de la JNJ no solamente tienen como función nombrar, destituir o ratificar a jueces y fiscales del país, sino que también eligen al Jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), el cual tiene entre sus funciones el planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales.
No está demás indicar que luego de la renuncia del miembro de la JNJ, Henry Ávila Herrera, el Tribunal Constitucional (TC) elegido por el actual Congreso -sin concurso público de méritos que incluyese examen alguno de conocimientos- hizo posible el nombramiento de Marco Tulio Falconí Picardo, al declarar fundada una demanda del mismo, como nuevo miembro de la JNJ para lo que resta del período 2020 – 2025, curiosamente luego que la JNJ declarara la vacancia de Henry Ávila y llamara al suplente que correspondía originalmente, siendo que según el cuadro de méritos del concurso público de 2019 para el nombramiento de miembros de la JNJ, el primer miembro suplente era Abraham Siles Vallejos, que es un catedrático e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
La precisión ajustada de los tiempos entre la convocatoria al primer suplente Siles Vallejos por parte de la JNJ y la decisión del TC actual llama inevitablemente la atención. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mira con preocupación lo que está sucediendo al respecto.
(*) Analista politico
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
