“Resolución del TC es una barbaridad”

Ángel Delgado dijo que lo que no se está permitiendo es que el Congreso investigue y determine si existen condiciones para poner el caso a disposición de la justicia.

POR: PERCY AQUINO

El Dr. Ángel Delgado Silva, especialista en derecho constitucional y analista político, fue entrevistado por el canal digital La Noticia Perú sobre la resolución del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la investigación planteada por el Congreso sobre el presunto delito de traición a la patria cometido por el presidente Pedro Castillo al mostrarse a favor de darle mar a Bolivia. Calificó el fallo como “una barbaridad jurídica”, pues no está acorde con la separación de poderes.

¿Qué otros caminos tiene el Congreso con otras acusaciones tras la decisión del TC sobre la acusación de traición a la patria contra el presidente Castillo?

Esta resolución del TC implica una interferencia por parte de un órgano que administra justicia constitucional en el funcionamiento que sigue otro poder del Estado. El sistema democrático y constitucional se basa en un principio de separación de poderes, que es lo que impide la autocracia y permite la libertad de las personas. Lamentablemente, en los últimos tiempos en el Perú eso se ha venido distorsionando y estamos avanzando hacia la cancelación de este principio y estamos entrando a una primacía de lo jurisdiccional en una desviación que algunos llaman “el gobierno de los jueces”.

¿A quién le corresponde investigar el delito de traición a la patria?

Este proceso por traición a la patria es un juicio político que le corresponde al Congreso, no al Poder Judicial y, por lo tanto, las instancias jurisdiccionales como el TC deberían respetar. Esta intervención del TC es en tercera instancia porque estos amparos y habeas corpus que se presentaron a favor de Castillo han sido rechazados sistemáticamente en primera y segunda instancia por organismos judiciales, jueces constitucionales, por un lado, y, por otro, tribunales constitucionales de la Sala Superior de Lima. En tercera instancia va al TC, que decide que “no procede” este trámite de juicio político porque, a juicio del tribunal, es una insuficiente motivación. Pero esto es una interferencia en la competencia de un órgano soberano y autónomo como es el Congreso. Es como si el Congreso mañana le dijera al Poder Judicial o la Fiscalía que no investigue los asuntos de Castillo porque está trasgrediendo algún artículo constitucional.

Pero en la resolución del TC se señala que no se habría configurado este delito de traición a la patria.

Es absolutamente incorrecto que el TC pida la determinación de un delito. El delito se determina luego de un proceso y el único competente para determinar la existencia de un delito es el Poder Judicial. No es el Congreso de la República, menos los denunciantes. El Congreso lo que hace es tramitar una denuncia que tiene elementos indiciarios. Lo que hace es poner al presidente de la República a disposición del Poder Judicial para que determine o no la existencia del delito de traición a la patria. No estamos ante una calificación por parte del Congreso. Es un error señalar que el Congreso está calificando que hay traición a la patria.

¿Qué hizo el TC, entonces?

Lo que está haciendo el TC es intervenir en un proceso en marcha donde recién ha acabado la fase de investigación. Entonces, lo que no se está permitiendo es que el Congreso investigue y determine si existen condiciones para poner el caso a disposición de la justicia. Esta es una barbaridad desde todo punto de vista, una trasgresión del principio de separación de poderes. Porque no es cierto que el Congreso esté diciendo que el presidente Castillo es traidor a la patria o no. Eso no es verdad.

¿Podría darnos algún ejemplo?

Imagínese usted que qué pensarían los argentinos si el presidente Fernández dice en una reunión: “sí, pues, es un tema antiguo el tema de las Malvinas”. Qué pensaría la gente de Ucrania si el presidente Zelenski dijera: “Bueno, Donbás y Lunganks, hay muchos rusos, que se vayan con Rusia”. Qué pensarían los israelíes de su gobierno si dijera: “No, no hay problema en la Franja de Gaza”. Esos gobernantes no estarían un minuto más porque habrían perdido la confianza de su pueblo.

“NO ES LO MISMO QUE LO QUE AFIRMARON FUJIMORI O ALAN GARCÍA”

Ángel Delgado señaló que, a nivel internacional, a diferencia del debate interno, lo dicho por un jefe de Estado tiene implicancias jurídicas. “Es lo que se conoce como actos propios. Y los tribunales constitucionales ya han captado precedentes, como estas declaraciones, incluso en instancias no oficiales sí implican consecuencias que pueden ir en contra del propio país”, indicó.

Añadió que, por lo tanto “lo que ha dicho el señor Castillo no es lo que hizo Fujimori o Alan García. Eso no está en debate. Si así fuera, entonces no habría ninguna reclamación por parte de Bolivia”.