Habíamos explicado que la imparcialidad debe ser practicada por los magistrados (jueces y fiscales) por dos motivos: Uno desde un sentido abstracto, basado fundamentalmente en principios éticos y deontológicos de la profesión jurídica. Y otro desde un sentido concreto.
En el nivel de lo concreto tenemos la dialéctica que gobierna la vida, los actos y los resultados, y los nuevos actos que generan tales resultados. Como el ser humano es impensable sin su desenvolvimiento en una sociedad determinada, es menester apreciar la dimensión de la importancia de la trilogía: actos-resultados-nuevos actos.
Cuando un magistrado, en el caso específico de un juez, no es imparcial en un caso que se encuentra sometido a su decisión, por estar siendo dirigido por ciertas personas o grupos de personas -que por cierto defienden y promueven en forma exclusiva sus propios intereses-, está realizando un acto que va a traer como resultado una sentencia injusta y arbitraria.
Tales resultados van a traer inexorablemente consigo, luego que la decisión quede firme por haberse agotado la doble instancia, un nuevo acto, que no solamente va a ser una queja funcional o una denuncia penal por prevaricato, por ejemplo, contra el juez, sino que va a atacar la credibilidad en el sistema de justicia, trayendo consigo inevitablemente la ilegitimidad del mismo.
Y los efectos de las decisiones judiciales (y fiscales) injustas y arbitrarias no acaban en lo anteriormente mencionado por cierto, pues nuevamente la dialéctica que gobierna a la vida le va a devolver, como si fuese una especie de ley natural de reacción, un acto injusto y arbitrario respecto al mismo magistrado que conculcó y violó su deber de imparcialidad, toda vez que así como él mismo fue dirigido por los intereses privados de determinadas personas o grupos de personas, otros intereses van a dirigir esta vez a otro magistrado -que no respetó tampoco el deber de imparcialidad- contra el primer magistrado en cuestión.
Así como no hay almuerzo gratis, al decir de Milton Friedman, en el sistema de la economía, tampoco hay acto injusto y arbitrario que no perjudique al final el sistema de justicia.
En ese sentido, no hay mayor garantía para el sistema de justicia que el tener realmente magistrados (jueces y fiscales) imparciales, que se esfuerzan siempre en no incurrir en decisiones injustas y arbitrarias. Desde el nivel concreto, nos damos cuenta que debemos ser imparciales no solamente por principios éticos y deontológicos.
(*) Analista político.
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