A propósito del pedido del presidente Pedro Castillo de solicitar al Congreso su salida del país a Colombia para estar presente en la asunción de mando del flamante presidente Gustavo Petro, si bien nuestra Constitución política en su artículo 118, inciso 2, dice que: “corresponde al Presidente de la República: … representar al Estado, dentro y fuera de la República”, no es menos cierto que es una facultad (no es imperativo ni obligatorio), otorgar o denegar el viaje del jefe de estado a otro país. El artículo 102 inciso 9 de la carta magna, señala que: “son atribuciones del Congreso: … autorizar al presidente de la República para salir del país”. Por tanto, es una atribución del Parlamento otorgar o no el permiso de viaje que presenta el primer mandatario a dicho poder del estado. Sin embargo, y más allá del tema constitucional, el problema que afronta Pedro Castillo es de legitimidad y peligrosidad.
Legitimidad porque el presidente sufre en apenas un año de gestión, cinco acusaciones por parte de la Fiscalía de la Nación por diversos graves delitos. Incluso en una de ellas por liderar una organización criminal. Un caso muy sui generis, porque si bien la suerte de los últimos 6 ex presidentes han sido fatales: presos, suicidios, detenciones preventivas o domiciliarias, procesos de extradición, vacancias o investigación por diversos delitos de corrupción, es la primera oportunidad, que recordemos, que un presidente en funciones y en menos de un año de gestión registre tantas denuncias e investigaciones por graves imputaciones criminales. Consecuentemente, es un presidente deslegitimado, sin autoridad moral como para poder representarnos a nivel nacional y en el extranjero. Y peligrosidad, porque ante el desmoronamiento de su frágil gobierno y ante su inminente caída y prisión, resulta más que evidente que pueda aprovechar este viaje oficial a Colombia, para querer fugar de la persecución penal de la justicia peruana, y pedir asilo político en un país hermano como Colombia, en el que además se inaugura un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro que por afinidad ideológica y ante su consabida ladina victimización de Castillo le pudiesen otorgar este blindaje político. Tampoco se descarta que, al verse perdido con abundantes pruebas criminales en su contra, pueda optar luego del viaje a Bogotá por aterrizar en Bolivia o en la tiranía comunista de Nicolas Maduro de la afligida Venezuela, quienes lo podrían ayudar brindándole impunidad ante la justicia peruana. Son escenarios posibles e inminentes. No sería el primer presidente en funciones o luego de dejar el cargo que ya fugaron a otros países para salvarse de la cárcel.
Alberto Fujimori huyó al Japón en noviembre de 2000 previa renuncia por fax, y luego el 2017 Alejandro Toledo hizo lo mismo a los Estados Unidos, y si bien fracasaron en salvarse de la justicia, sí pudieron alargar su agonía. Por ello, este Congreso no debería autorizar ningún permiso de viaje al presidente Pedro Castillo, tanto por falta de legitimidad como por peligrosidad.
(*) Candidato a la alcaldía de Lima por APP
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
