Opinión

Pedido de facultades para legislar en materia penal formulado por el Ejecutivo

Por: Mario Amoretti Pachas

Cada gobierno de turno pide facultades para legislar en materia penal y lo único que realizan es aumentar penas. Es decir, van al resultado y no a las causas que originan los delitos de hurto, robo, extorsión. Ya hemos visto que se han verificado más o menos de 700 modificaciones que tiene el Código Penal y este cuerpo de leyes solo tenía 452 artículos.

Y en base al pedido en los últimos 20 años, se han dictado más de 10 decretos legislativos para combatir la inseguridad ciudadana, incrementando penas y creando nuevas figuras delictivas.

Sin embargo, la criminalidad no ha sido detenida, sino todo lo contrario, se ha incrementado, lo que demuestra el fracaso del aumento de penas, pues ningún gobierno ha tratado de combatir las causas que originan los delitos de alta criminalidad e inclusive el delito de hurto y robo de celulares. Se llegó al extremo de matar al agraviado que opone resistencia, para la sustracción y apoderamiento del celular que están portando los agraviados, sin importarles que son niños, mujeres y ancianos.

Continuamente se nos informan que la policía interviene Las Malvinas, la Cachina, San jacinto y encuentran miles de celulares y accesorios robados; pero no verificamos las clausuras de estos locales, ni mucho menos que hayan detenido a los que tienen en su poder estos bienes.

Si el hurto agravado y la receptación merecen una pena de 3 a 6 años y de acuerdo a nuestro ordenamiento penal se suman, basta con encontrar a un sujeto en posesión de 4 celulares productos de los delitos antes mencionado.

Las penas que se le pueden aplicar es 12 años mínimos y 24 años como máximo, pero, desgraciadamente, nada de esto sucede y los fiscales que ponen en libertad a estos autores de hurtos y receptadores. No les pasa absolutamente nada.

Los lugares antes mencionados no han sido ni son clausurados por la Municipalidad. Y el no hacerlo están incurriendo en el delito de incumplimiento de sus funciones, es decir, en gran parte de lo que viene ocurriendo en el país ante el incremento de la delincuencia violenta son las autoridades antes mencionadas, pues los autores de hurtos y robos, si no tienen a quién vender o si está presos por haberlos cometido, otra sería nuestra situación como sociedad.

Asimismo, pretende crear una policía paralela a la PNP, supuestamente, para combatir la delincuencia. Los conocedores de esta materia le solicitan al Ejecutivo el incremento del presupuesto, creación de escuelas que de oportunidad de ingresos a jóvenes y sobre todo que se lleve a cabo especialistas en investigación, como hubo antes de 1986.

Es más, todo indica que los fines son otros. Recordemos el envío a retiro de policías encargados de inteligencia, desde el gobierno de Sagastti, Vizcarra y Castillo, única y exclusivamente para sus fines partidarios o intereses políticos en contra de los peruanos; más aún, cuando se ha sostenido que para gobernar se necesita el control de las Fuerzas Armadas y policial, además, del sistema judicial; pues debemos estar pendientes para no permitir este tipo de control, en perjuicio del país.

(*) Exdecano del CAL

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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