“Paga el precio de enfrentarse a la corrupción”

• Según el abogado, la corrupción política y la corrupción empresarial en el país han hecho metástasis histórica en el Estado republicano del Perú.

POR: HILMER GASCO

El abogado penalista Luis Lamas Puccio se pronunció respecto a la crisis del Ministerio Público y opinó que la suspendida fiscal Patricia Benavides está pagando el precio de enfrentarse a la corrupción política y empresarial del país.

La JNJ ha suspendido a la fiscal Patricia Benavides, ¿considera que se ha actuado de acuerdo a ley, y se ha respetado el debido proceso?

Considero que es una decisión abusiva, arbitraria, que no respeta el debido proceso, y por una cuestión de ponderación y de quórum, siendo ellos mismos parte del conflicto, porque también están siendo investigados, creo que, en un primer momento, deberían abstenerse de iniciar una investigación ¿Qué sustento tiene para investigar y para suspender? Una indagación, ni siquiera una investigación del Ministerio Público, en la que han hecho un organigrama y han puesto a la fiscal de la Nación como cabecilla de una organización criminal. Y a partir de ahí se ha generado todo este escandalete para obligarla a renunciar, y como no renuncia, la suspenden. El Ministerio Público se ha convertido en un organismo de manejo político, y ha perdido autonomía.

En el Congreso se han presentado dos mociones para remover a los miembros de la JNJ por no actuar de acuerdo a ley respecto a la suspensión de la Benavides. Creo que ellos han violentado la ley, y de acuerdo al estándar jurídico en el país, tendrán que someterse a un proceso, y si el Parlamento decide suspenderlos o inhabilitarlos, eso es una prerrogativa de acuerdo a nuestra Constitución.

¿Cómo califica la gestión de Benavides al frente de la Fiscalía?

Es una fiscal que tomó decisiones históricas y su mayor preocupación era luchar contra la corrupción política y la corrupción empresarial en el país, que es una metástasis histórica en el Estado republicano del Perú. Y ahí está pagando los resultados de esta actitud valiente y ejemplar, por eso ahora montan esta campaña para desestabilizarla.

Hace unos días comentó que la investigación en el MP era un psicosocial para desestabilizar la institución y a la fiscal Benavides.

Así es, porque, como sabemos, del Ministerio Público depende si se continúa o no se continúa con las investigaciones de corrupción política y de corrupción empresarial. Entonces, hay sectores interesados en que la fiscal sea destituida para volver a ese letargo de años, de años, que se indaga, que se investiga y que en última instancia termina en impunidad.

¿Considera que existen intereses de ciertos sectores que quieren utilizar a esta institución para politizar la justicia?

Desde todo punto de vista. Siempre ha existido un interés especial por manejar el MP porque es el que indaga, investiga y acusa, y tratándose de casos de gran corrupción política y gran corrupción empresarial, evidentemente que lo que se busca es la impunidad, y la mejor manera de lograrlo es desestabilizando la institucionalidad del MP para someterlo otra vez a las decisiones de lo que ha sucedido en dicha institución en los últimos años.

Por otro lado, ¿qué opina del pronunciamiento de la CIDH que ha rechazado la liberación de Alberto Fujimori, y acusa al Estado de incumplir las órdenes de la Corte?

No es la primera vez que el Estado peruano incumple los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En reiteradas oportunidades ha desacatado el contenido de las sentencias y de las medidas provisionales. A partir del pronunciamiento de la CIDH respecto al incumplimiento de los mandatos, no existen mecanismos de coerción para poder obligar al Estado peruano a que cumpla con estas sentencias, lo más que pueden hacer es poner en conocimiento de la asamblea de la OEA que el Estado está incumpliendo, pero más allá de eso es un aspecto meramente declarativo.

“LA CORTE IDH SE HA POLITIZADO”

La Corte IDH se ha pronunciado inmediatamente sobre el caso Alberto Fujimori, pero no actúa con la misma rigurosidad frente a los pedidos de los integrantes de organizaciones terroristas.

Es una Corte politizada, muchas veces integrada por magistrados, que son colocados ahí por intereses de los países. La labor de la Corte se ha politizado a situaciones extremas a partir de la agudización de los conflictos sociales y políticos en América Latina. Hay actitudes contradictorias porque es una Corte con un sesgo político importante y, evidentemente, los casos que llegan ahí de violación de derechos humanos tienen un contenido político.

Hay un desmerecimiento de esta labor a raíz de la situación de conflicto en la que ha entrado la democracia en América Latina por parte de propuestas de regímenes dictatoriales, y, por otro lado, porque la presencia de las instituciones como las ONG en materia de derechos humanos cada día tienen más importancia en estas decisiones.