El prestigio de los políticos sigue cuesta abajo en una curva descendente que está cada vez más cerca de cero, de la nulidad. Y no son cifras antojadizas, pues el rechazo de la población se puede percibir en la calle, en los mercados, en los kioscos de periódicos o en los paraderos, ahí donde la gente de a pie hace su propia encuesta al decir lo que le sale del corazón, sin temores ni cortapisas. Según los resultados que consigna el Informe de Opinión – Enero 2024 del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la institución más desacreditada sigue siendo el Congreso de la República con apenas 5% de aprobación, un porcentaje nunca antes registrado en la historia política del país.
Varios parlamentarios se defienden argumentando que nunca los Congresos han tenido buena aprobación, lo cual —según ellos— ocurre en el Perú y el resto del mundo. Pero resulta que el actual Congreso empezó su gestión, en agosto del 2021, con una aprobación de 31% y una desaprobación de 61%. Desde esa fecha, su respaldo fue bajando hasta llegar a 8% en agosto del mismo año, durante las controversias con el expresidente Pedro Castillo, para subir a 13% en octubre y 15% en diciembre de ese año, quizás por el protagonismo del Parlamento en la crisis tras el frustrado golpe de Estado. Sin embargo, en enero del 2022 empezó a bajar nuevamente hasta llegar al vergonzoso 5% que ahora tiene.
La presidenta Dina Boluarte no se queda atrás en esa caída, pues su aprobación es de 8% y su desaprobación de 82%, cifras que no la ubican tan lejos del Congreso. A varios ministros se les ha escuchado decir que la verdadera encuesta está en la calle, pero si uno consulta a los ambulantes, los taxistas, los clientes de los mercados, etc., solo confirmaría lo que dicen las encuestas, incluso con argumentos más contundentes, es decir, que la credibilidad y el respaldo de la presidenta llega a apenas un dígito. Por otro lado, resultan curiosos los resultados obtenidos por el IEP en su encuesta sobre la aprobación y desaprobación de los alcaldes y gobernadores regionales. En cuanto a los burgomestres, tienen una aprobación de 2% muy buena, 27% buena, 37% ni buena ni mala, 23% mala, 7% muy mala y No sabe/no opina 5%. Y los gobernadores regionales obtuvieron 3% muy buena, 26% buena, 36% ni buena ni mala, 21% mala, 8% muy mala y No sabe/No opina 8%. ¿Será que los gobiernos locales y regionales están trabajando mejor que el gobierno central?
La cantidad de alcaldes y gobernadores con procesos judiciales o en prisión indica que habría cierta permisibilidad o resignación de la población del interior del país, lo cual es realmente preocupante. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
