Hasta hace unos meses, un grupo de congresistas quería vacar a Pedro Castillo aduciendo que era un gobierno legal, pero ilegítimo. Ahora que la legitimidad del Congreso es puesta en tela de juicio y exigen su cierre con marchas de protesta que llevan cerca de dos meses y han dejado cerca de 60 muertos, ese mismo grupo de parlamentarios apela a la legalidad y no acepta la ilegitimidad que le atribuyen.
Entre lo legal y lo legítimo hay una marcada diferencia. Lo legal se apega al derecho, está dentro de un marco jurídico, nos limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley. Mientras que lo legítimo, además, implica seguir un camino correcto, justo, auténtico, moral y ético. El Congreso tiene apenas 7% de aprobación, según las encuestas. Es legal, pero su legitimidad es cuestionada con rabia y violencia.
Un Gobierno no solo debe ser legal, sino también legítimo. Ya la presidenta Dina Boluarte ha planteado el adelanto de elecciones para el 2023, está dispuesta a dejar Palacio de Gobierno, aunque la sucesión del poder haya sido legal. Sin embargo, un sector mayoritario del Congreso se obstina en permanecer en el cargo. No quieren dejar su curul, sus sueldos y las gollerías.
Las cifras que hasta el momento ha dejado la crisis es alarmante. De acuerdo a los registros de la Defensoría del Pueblo, hay 59 fallecidos, 1,229 civiles heridos, 580 policías heridos, 21 sedes judiciales atacadas y/o quemadas, 4,124 expedientes judiciales siniestrados, 3 regiones paralizadas, 6 regiones afectadas, 72 bloqueos de carreteras en 6 regiones, 16 vías nacionales afectadas y 450,000 Mypes afectadas en 9 regiones. Es un panorama desolador.
La convulsión social sigue dejando muerte, destrucción y parálisis económica en gran parte del país. Los manifestantes no solo son, como algunos pretenden decir, provincianos y campesinos de las regiones del sur manipulados por políticos y grupos de poder a los cuales les conviene la desestabilización del país. No solo son un “puñado de resentidos sociales”, como dicen ciertos congresistas. También salen a protestar centrales sindicales como la CGTP y el Sutep, frentes estudiantiles y organizaciones sociales.
Como lo afirma el excongresista Víctor García Belaunde, es vergonzosa esa especie de matrimonio, ese pacto oscuro entre parte de la extrema derecha y la izquierda radical. No habrá adelanto de elecciones y la solución a la crisis se aleja. Estamos en un callejón sin salida. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
