Nadie vio venir la noticia sobre la excarcelación de Antauro Humala. Desgraciadamente, ahora los políticos salen a protestar, pero en su momento no hicieron absolutamente nada para derogar el artículo pertinente del reglamento penal en el que de manera inusual se permite que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) otorgue libertades sin la intervención de un juez especializado.
Esto es contradictorio con lo que sostiene el Código de Reclusión Penal para los efectos de una liberación condicional. Veamos: para los efectos de una libertad vigilada se requiere que el INPE forme un expediente respecto a los días de trabajo, de educación, pericia psicológica, informes sociales, certificados de buena conducta y etcétera del recluso. Toda esa documentación es remitida al Poder Judicial a fin de que, previa convocatoria del fiscal y todos aquellos que han otorgado estos certificados, sean interrogados en una audiencia. Luego de eso, es el juez quien, en última instancia, decide si procede el beneficio penitenciario de la liberación condicional o de libertad vigilada. Eso no ha ocurrido y ojalá que aquellos congresistas que en este momento salen a protestar, traten de solucionar este tema para que lo que estamos viendo no vuelva a suceder con otros internos.
En el caso específico de Antauro Humala la decisión del INPE es irreversible porque está facultado por el reglamento; esto ha debido ser modificado o derogado y no darle esta facultad al INPE.
Muchos preguntan y otros afirman que hay una maniobra política detrás de la liberación de Antauro Humala, pero yo digo que no es así. Lamentablemente y aunque duela, se ha actuado de acuerdo a la ley.
Es algo que nos pesa, pero está dentro del marco de la ley. Este es un claro ejemplo de que los políticos dan leyes única y exclusivamente por cuestiones coyunturales, pero llegado el momento vemos las consecuencias.
(*) Exdecano del Colegio de Abogados de Lima
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