Se abre una nueva etapa de polarización en el país, con la decisión del Tribunal Constitucional TC de otorgar el “Habeas Corpus” a Alberto Fujimori y permitirle su liberación, sobre la base del indulto irregular otorgado por Kuczynski el 2017, que se evidenció que fue ilegal y que primó una prebenda de votos en el Congreso a cambio de la liberación de Fujimori.
Por eso la indignación de un sector importante del país, porque fue tan evidente la componenda, que la propia bancada fujimoristas presidida por Keiko Fujimori, procedió a denunciar el hecho, primero en el Congreso, logrando desaforar a tres congresistas, incluido Kenji y además, actualmente hay un proceso penal ya bien encaminado, contra todos los involucrados en este indulto negociado.
Fue tanto el escándalo que la Corte Suprema revocó el indulto otorgado, justamente después que los familiares de las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta buscaron el amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente se pronunció y exigió que el Estado peruano cumpla la sentencia de los involucrados en crímenes contra los derechos humanos.
Con todos estos antecedentes la decisión controversial del TC abona a la crisis política actual, que estamos viviendo con el gobierno de Castillo, porque se politiza y se inmiscuye en un nuevo escenario de vacancia presidencial, paradójicamente, porque el gobierno actual va a tener que asumir una posición de parte, en este caso controversial y podría prestarse al juego político de acuerdo a los intereses que le convenga.
El próximo 28 de marzo se va a debatir la vacancia presidencial, por tanto, va ser determinante para Castillo contar con los votos del fujimorismo para evitar la vacancia. En consecuencia es lógico sospechar que la moneda de la negociación podría ser la posición del gobierno, frente a los acontecimientos que vendrán en las próximas semanas con Fujimori.
Recordemos que todavía tiene un proceso abierto, por los crímenes en Pativilca, que involucra al grupo Colina, grupo paramilitar de delincuentes armados, que ejecutaban civiles por orden de Fujimori y Montesinos, como describe la sentencia que lo condeno a 25 años de cárcel.
No es difícil dudar de un nuevo pacto entre el ala cerronista y los fujimoristas después de lo acontecido en el Congreso esta semana, con el debate de la censura del inefable ministro de Salud Condori, que con total desparpajo –no tuvo miramientos- reconoció y halagó públicamente al congresista Aguinaga, por cierto, responsable directo de las denuncias por esterilizaciones masivas de miles de mujeres campesinas, durante el gobierno de Fujimori.
Por todas estas razones el indulto es un insulto a la memoria del país, a la justicia que buscan los deudos y las víctimas de los crímenes de Fujimori. Indigna porque nunca pidieron perdón y menos pagaron la reparación civil. Así como entendemos que la justicia no es venganza y nadie debe morir en cárcel, es una obligación del país que los procedimientos de beneficios penitenciarios, como un indulto, respeten las leyes y que no prime otros intereses o maniobras vedadas para obtenerla.
(*) Ex congresista de la República
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