La decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de declarar estado de excepción y guerra interna para recuperar el control y la seguridad nacional es plausible desde todo punto de vista. Por tanto hay que repudiar la reacción de la CIDH y de las ONG derecho humanistas que se oponen al ejercicio soberano del gobierno democrático.
En síntesis la crisis presente tiene raíces en el año 2009, cuando el ex presidente socialista Rafael Correa decidió cancelar el contrato de alquiler de la base militar de Manta con los norteamericanos. Estos hacían esencialmente vuelos de interceptación de avionetas del narcotráfico y con los miembros de la DEA operaban en la erradicación de campos de cultivo de coca y amapola en las fronteras con Colombia y el Perú. Correa, además, liberó y amnistió a unos 5 mil narcotraficantes bajo el supuesto de que eran miembros de organizaciones civiles pacíficas.
A partir de ese momento el Ecuador -hasta ese entonces bastante pacíficose convirtió en el corredor de la droga que es producida y comercializada especialmente por tres bandas internacionales: las mexicanas de Sinaloa y Jalisco – Nueva Generación y la albanesa o de Los Balcanes. Estas tienen vínculos, a su vez, con el Cartel de los Soles manejado por los militares venezolanos y la mafia iraní; y, a nivel continental los nexos alcanzan a los operadores del VRAEM peruano, los productores de heroína también del norte peruano, los cocaleros del Chapare boliviano, los narcos de las FARC renegadas y las bandas de crimen organizado del Brasil, entre otras. Asimismo hay una coordinación política a nivel de Foro de Sao Paulo que alienta el narco socialismo del siglo XXI.
Las rutas del narcotráfico cruzan, así, el territorio ecuatoriano rumbo a los puertos ubicados en la costa del Pacífico que en general tienen un resguardo mínimo; pero adicionalmente el país norteño soporta el tráfico de personas, prostitución, migración ilegal, el lavado de activos y un amplio mercado negro de armas y municiones que provienen tanto de la frontera con Colombia, cuanto de corruptos miembros de las fuerzas armadas peruanas. Todo ello con el agravante de una grave corrupción en la policía y el ejército ecuatorianos.
El detonante último de la violencia fue la fuga del cabecilla de la banda de los Choneros, ´Fito´ Macías y el enfrentamiento de organizaciones criminales que han convertido las cárceles en sus bastiones desde donde operan la delincuencia, la criminalidad y el sicariato que está a órdenes de los carteles del narcotráfico.
El presidente Noboa tenía que frenar el caos y para ello ha echado mano del régimen de excepción (levantamiento de garantías constitucionales) y declaratoria de una guerra interna que no legitima a los criminales como parte beligerante porque los califica como terroristas y objetivos militares. Además está haciendo lo lógico: deportar y expulsar a los presos extranjeros.
Todas son medidas constitucionales de defensa del estado democrático y plantean, además, la posibilidad de que se organice un plan de cooperación internacional de lucha conjunta contra el crimen organizado. De allí que son absurdas y perversas las críticas y advertencias de la CIDH (controlada por los caviares) y del grupo de ONG que trafican con los derechos humanos.
La crisis ecuatoriana no es solo nacional sino que tiene alcances regionales y puede expandirse al Perú, por eso hay que contribuir con el gobierno de Quito pero también asumir medidas preventivas políticas, policiales y militares para que el crimen internacional no se infiltre más en nuestro país. ¿El gobierno de Dina sabrá cómo reaccionar integralmente?.
(*) Analista politico
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