No se puede hacer reformas en el Poder Judicial a espaldas del Poder Judicial. Así de claro nos referimos sobre el proyecto del Congreso que busca reformar el sistema de justicia en 45 días, bajo el pretexto, entre otras cosas, de actualizar varios códigos que tienen más de 30 años de vigencia.
Reconocemos la función del Congreso de aprobar leyes, pero eso no significa que haya un abuso de la facultad legislativa. A nuestro juicio, si se quiere hacer reformas, previamente se tiene que dialogar, para ver si es constitucional y oportuno llevar adelante proyectos de esta naturaleza.
A lo largo de la historia del Perú muchos gobiernos de turno han reformado el sistema de justicia, y no siempre por intereses altruistas. La mayoría los hizo con fines políticos para controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia).
Una reforma sería del sistema judicial no puede tratarse en 45 días. El tiempo es muy corto. A lo sumo servirá para plantear algunos temas, que luego de un amplio diálogo con las instituciones involucradas pueda dar como resultado un borrador de reforma.
Por otro lado, toda reforma debe ir acompañado de recursos económicos, de lo contrario es letra muerta. Un saludo a la bandera.
Con un Congreso y Ejecutivo que cuentan con poco respaldo popular y que además no se comunican, es bien difícil llevar adelante en estos momentos cualquier reforma. Cualquier norma que se apruebe en ese sentido carecería de legitimidad.
El Congreso en vez de procurar reformar el sistema de justicia, lo que debería es agendar, con el mismo interés como impulsa proyectos de ley cuestionados por la sociedad como la ley Soto, las iniciativas legislativas del Poder Judicial que procuran hacer más eficiente el servicio que prestamos al justiciable. En esa línea, el Poder Judicial ha presentado el proyecto de ley de oralidad civil, que contribuirá mucho a la celeridad de procesos civiles. Igualmente, el proyecto de reformas de los artículos 1 y 2 de la Ley Procesal del Trabajo, que permitirá la celeridad en los procesos laborales de los trabajadores que ganan menos.
En la lucha contra la criminalidad, es necesario contar con unidades de flagrancia en todo el país. Para ello el Poder Judicial presentó el proyecto de ley de las unidades de flagrancia. Actualmente, solo se cuenta con 6, la mayoría en Lima. Gracias a las unidades de flagrancia, el año pasado se resolvieron más de 25 000 casos en menos de 72 horas.
Finalmente, si queremos llevar adelante una reforma del sistema judicial esta debe abordarse con seriedad y desde una visión de país. Estamos llegando a límites inimaginables, creando comportamientos estancos, mal utilizando las competencias para perseguir objetores, resquebrajando su incipiente institucionalidad y profundizando la desconfianza ciudadana, cuando precisamente necesitamos revertirla y aquí nuestra justicia asume una función fundamental en nuestros engranajes democráticos.
(*) Presidente de la Corte de Justicia de Ucayali
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